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jueves, 10 de mayo de 2018

También se radicó el escrito de acusación contra el exsecretario de salud de Córdoba, José Jaime Pareja

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el exsecretario de Salud de Córdoba José Jaime Pareja Alemán y el fiscal Daniel Fernando Díaz Torres, quien fungía como el encargado de los temas anticorrupción en dicho departamento.

Los hombres son señalados de haber realizado actos de corrupción que involucraban los recursos de salud de Córdoba. Se espera que el fiscal del caso argumente los hechos en los que presuntamente habrían incurrido los exfuncionarios en medio de las campañas de salud que realizaban para la atención a pacientes con hemofilia durante diciembre de 2016 y octubre de 2017.

De acuerdo con el documento radicado, “los funcionarios se encuentran presuntamente involucrados en los ofrecimientos de dinero, dádivas y prebendas provenientes de un defensor que actuaba en el proceso, aceptadas supuestamente por el fiscal Díaz Torres para favorecer a las personas que él mismo investigaba”.

En ese sentido, la Fiscalía General en medio de la audiencia que se llevará a cabo en el Complejo Judicial de Paloquemao y será pública, revelará detalles de las conversaciones obtenidas por la agencia de seguridad del Departamento de Justicia de Estados (DEA), en las que aparecen el exgobernador Alejandro Lyons Muskus y el abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez el día 26 de mayo en la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos).

Dichas interceptaciones se remontan a junio de 2016, momento en que la Fiscalía abrió investigación y la denominó 'Cartel de la Hemofilia'. En octubre del mismo año, una vez posesionado Luis Gustavo Moreno Rivera como Director Anticorrupción, hoy detenido por hechos de corrupción suscitados al interior de la justicia colombiana, relevó del cargo a la fiscal que llevaba el proceso de corrupción.

Lo que señala la Fiscalía es que para ese entonces Moreno Rivera descalificó intencionalmente el trabajo de la fiscal y compulsó copias penales para que fuera investigada por supuestas filtraciones de información en un operativo de capturas en diciembre de 2016.

“Tan graves fueron los señalamientos que le hizo Moreno Rivera que, incluso, produjeron el relevo del investigador líder del caso y de la fiscal, como en efecto ocurrió el 23 diciembre de 2016 mediante resolución 0354 proferida por Moreno”, sostiene el escrito de acusación.

Tras esto, Moreno Rivera designó a Díaz Torres como el coordinador del proceso. Una vez asumido el caso, el exfiscal Díaz Torres impartió una orden a policía judicial el 23 de enero de 2017, en la que dispone textualmente “… hacer inspección en la Gobernación de Córdoba con el fin de obtener copia de las Resoluciones proferidas en 2016 por medio de las cuales se aprobó el pago por concepto de prestación de servicios de salud y/o suministro de medicamentos para pacientes con hemofilia”.

Según la Fiscalía, el 25 de enero de 2017, mediante oficio dirigido a la asistente de fiscal del despacho allegan la documentación solicitada en 1489 folios donde deja en evidencia y se reconoce que el secretario seccional de salud Pareja Alemán reconoció y ordenó el pago de $1.525 millones a la IPS San José de la Sabana para el suministro de medicamentos no POS a 14 pacientes que no padecían de alguna enfermedad relacionada con la hemofilia.

El ente acusador indicó que la situación era repetitiva y ya se venía judicializando por parte de la fiscal asignada inicialmente, pues hace parte de la cadena de corrupción en la Gobernación de Córdoba con pagos multimillonarios realizados de forma irregular por falsos pacientes de hemofilia.

“Era fácil para el fiscal Daniel Díaz, quien conocía muy bien el modus operandi de las defraudaciones en el departamento de Córdoba, advertir que los pagos ordenados a la misma IPS, también generaría una posible responsabilidad sobre Pareja Alemán”, indicó la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, el exfiscal Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla habían sido compañeros cercanos y abogados litigantes en la misma oficina, por lo que este último se sintió en confianza y, al parecer, negoció actos corruptos con el fiscal Díaz Torres, quien para la fecha era subalterno de Moreno en la Dirección Anticorrupción.

“Aceptó entonces el fiscal dádivas y promesas remuneratorias por gruesas sumas de dinero para no judicializar a José Jaime Pareja, no compulsar copias a Edwin Besaile y obtener favores jurídicos para Guillermo José Pérez Ardila, quien tenía el cargo de Representante legal la IPS Unidos por su Bienestar y era socio de la IPS San José de la Sabana, con la que se hizo una defraudación cercana a los $37.000 millones, dádivas y entregas de dinero”, indica el documento.

Se espera que durante los próximos días se conozca la fecha de la diligencia que será expuesta ante un juez con función de Control de Garantías.