Fiscalía firmó borrador de proyecto de ley que modificaría la Ley de Justicia y Paz

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La Fiscalía General de la Nación confirmó que está lista para presentar, ante el Congreso de la República, un proyecto de ley que pretende modificar la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, con el fin de agilizar el modelo de justicia transicional.

Luz Adriana Camargo, fiscal general, ya firmó el borrador que tiene como objetivo dar cumplimiento a los procesos judiciales que presentan retrasos desde 2005, que van desde analizar los casos de los más de 3.000 exparamilitares que no han sido sentenciados, hasta los retrasos acumulados en las estrategias de reparación de víctimas y los más de 680 bienes con vocación reparadora que no tiene fallo sobre su extensión de dominio.

El documento, que fue conocido por El Espectador, propuso la eliminación de la audiencia de formulación de imputación contemplada en el artículo 18 de dicha ley y postuló, en cambio, que los fiscales del caso deberán presentar un escrito de cargos que se enviará a los intervinientes para que el proceso avance directamente a una audiencia concentrada y se decida la sentencia pertinente.

Además, formuló la creación de artículo 18A por medio del cual los desmovilizados que hayan estado en la cárcel, por lo menos ocho años, por delitos cometidos en el marco del conflicto y que hayan tenido buena conducta y contribuido con la verdad, tengan la posibilidad de acceder a una libertad vigilada. Este beneficio sería revocado si el postulado no continúa con el proceso de reintegración o deja de asistir a las diligencias para el esclarecimiento de la verdad.

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En cuanto al mecanismo de extinción de derecho de dominio de bienes ofrecidos, en el que se está retrasada la entrega de estos activos al Fondo para la Reparación de las Víctimas, el proyecto propuso que se se pueda decretar por medio de sentencias separadas y anticipadas. Adicionalmente, se facultaría a los magistrados para ordenar que quienes están ocupando e impidan la recuperación efectivas sean desalojados.

Esta propuesta de la Fiscalía se dio a conocer justo después del proyecto del Ministerio de Justicia que también será presentado ante el Congreso, en el que se dispondrían nuevos beneficios para líderes criminales y estructuras armadas ilegales. Y, a pesar de que apuntan a objetivos y procesos distintos, ambos comparten el deseo de fortalecer el marco de justicia transicional propuesto en el mandato del presidente Gustavo Petro.