Fiscalía imputa delitos a miembros de Aremca por corrupción en contratación estatal

Un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a nueve presuntos integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe, Aremca.

La decisión judicial responde a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la gestión de recursos del Sistema General de Regalías. Los procesados desempeñaban roles como representantes legales, tesorera, coordinadores y enlaces con terceros dentro de la organización.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los investigados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.

Según la investigación, entre los años 2020 y 2026, la asociación suscribió 101 contratos con diversas gobernaciones y alcaldías. El valor total de estos contratos asciende a cerca de $496.000 millones, los cuales debían destinarse a proyectos civiles, agrícolas, ambientales, tecnológicos y de seguridad alimentaria.

La Fiscalía señala que la ejecución de los proyectos se realizó mediante órdenes de servicio y subcontrataciones con empresas que no cumplían con las normativas de la contratación pública.

Entre las anomalías detectadas se encuentran procesos sustentados en manuales internos, falta de estudios previos suficientes, elección de contratistas mediante listas cerradas de proveedores y el uso de contratos de prestación de servicios para la realización de obras civiles y alquiler de maquinaria.

La entidad investigadora también identificó que la asociación operó en departamentos fuera de su jurisdicción estatutaria, como Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander. Además, se detectaron irregularidades en dos proyectos de interventoría asignados a otra asociación de municipios para obras en Bolívar y San Andrés, sin considerar las restricciones legales vigentes.

La Fiscalía también identificó un presunto enriquecimiento ilícito en favor de contratistas por un valor estimado de $14.235 millones en 23 de los contratos. A esto se suma la omisión en el cobro de $6.913 millones por impuestos territoriales y la falta de retención de aproximadamente $14.000 millones destinados al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.