Fiscalía imputó a exgobernador Mauricio Aguilar por fallido colegio en Santander
El proyecto, financiado con regalías, contemplaba un contrato de $15.280 millones y una adición de $6.500 millones
23 de septiembre de 2026
La Fiscalía imputó a Mauricio Aguilar Hurtado, exgobernador de Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con un proyecto para construir un colegio con énfasis agrícola en el municipio de Suaita, Santander, que sería financiado con recursos de regalías.
El exmandatario deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, de acuerdo con la investigación presentada por el ente acusador.
Los hechos se remontan a marzo de 2021, cuando Aguilar habría autorizado la compra, por $551 millones, del predio en el que se tenía previsto desarrollar la institución educativa. Sin embargo, el terreno presentaba varias condiciones que podían comprometer la viabilidad del proyecto, entre ellas la presencia de fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas con una duración de 30 años.
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Las dificultades del terreno habían sido advertidas por un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura, pero el proyecto continuó. Posteriormente, se firmó un contrato por $15.280 millones el 7 de diciembre de 2022, pese a que no contaba con estudios y diseños completos.
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La Fiscalía también cuestiona que los documentos no contemplaran las licencias ambientales necesarias y que el presupuesto no incluyera todas las obras requeridas. En octubre de 2023, además, fue aprobada una adición de $6.500 millones, aunque el contratista debía verificar la viabilidad del predio y asumir los costos de las modificaciones.
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Antes de la suspensión de la obra, en febrero de 2024, se pagaron $3.339 millones por la compra del lote, trabajos preliminares y movimientos de tierra. Según laFiscalía, parte de lo construido tendría que ser demolido por razones ambientales.
Por estos hechos, el ente acusador señaló que el contrato habría generado un detrimento patrimonial de $3.339 millones, cifra que fue presentada ante un juez dentro del proceso contra el exgobernador.
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