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Judicial

Corte acusó a Mauricio Aguilar, exgobernador de Santander, por contratos irregulares

El exfuncionario habría vulnerado los principios estatales al no responder recusaciones en el proceso de elecciones del consejo directivo del Cdmb

28 de octubre de 2025

Sara Ibañez Pita


Colprensa
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La Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia acusó a Mauricio Aguilar, exgobernador de Santander, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en contratos y peculado por apropiación, debido a una serie de presuntas irregularidades en dos contratos interadministrativos, que fueron suscritos por esa gobernación con el canal público de televisión regional, Canal TRO.

Según estableció la Fiscalía General, la investigación está relacionada con dos convenios que fueron suscritos en 2020 y 2021, por más de $8.000 millones. Los recursos serían destinados a la producción y transmisión de contenidos institucionales en el Canal TRO.

Para los dos, Aguilar delegó, por medio del decreto departamental 612 de 2020, a la Ivonne Marcela Rondón Prada, secretaría general de Despacho, para que se encargara de su tramitación. Sin embargo, con esta decisión, se habrían vulnerado los principios de contratación estatal, con los que se habría incurrido en ausencia de debido control, supervisión y vigilancia del trámite.

El ente acusador también estableció que, el 24 de febrero de 2023, que fue día de elección del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, el exgobernador no habría dado respuesta a varias recusaciones que fueron presentadas en su contra y otros participantes, para que se apartaran de la votación por posibles conflictos de intereses.

Las pruebas recopiladas revelaron que presuntamente se dio continuidad al proceso pese a estos hechos y se permitió que cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga fueran seleccionados para conformar el consejo. No obstante, dicha elección fue anulada por el Tribunal Administrativo de Santander, la cual fue confirmada por el Consejo de Estado.

Sumado a esto, en audiencias de la Fiscalía, salió a la luz que el convenio con Canal TRO, en cabeza de Amanda Jaimes en su momento, se firmó sin la verificación de condiciones de cumplimiento y se habrían suscrito con empresas de propiedad de familiares de Aguilar.

La fiscal delegada en la Corte explicó que Aguilar profirió una determinación contraria a la ley con la omisión del trámite legalmente establecido para las recusaciones, que conllevó a viciar dicho proceso.

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