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Judicial

Fiscalía imputó cargos a cinco personas por irregularidades en contrato de La Mojana

Se estima que el detrimento que causaron estas actividades ilícitas por el contrato 019, del año 2013, es por $13.961 millones

10 de febrero de 2022

Nicolás Escobar Escobar

nescobar@larepublica.com.co

Canal de noticias de Asuntos Legales

Tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación, se imputaron cargos a un grupo de cinco funcionarios y particulares, dentro de estos el exalcalde de Majagual (Sucre), Álvaro Manuel Vanegas, quienes presuntamente se habían concertado para apropiarse de recursos provenientes de regalías, las cuales estaban destinadas a la pavimentación de vías terciarias en La Mojana.

Las otras cuatro personas acusadas y presentadas frente a un juez de control fueron: el exsecretario de Planeación Municipal, Carlos Andrés Pérez Sotomayor; el exsecretario de Gobierno, Josimar Romero Gonzales; el contratista Javier Eugenio Mizger, y el interventor Iván Daniel Díaz. Estas personas fueron imputadas con los delitos de peculado por apropiación, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. No obstante, ninguno aceptó los cargos.

La investigación de la Fiscalía está relacionada con la ejecución de un contrato realizado en 2013, cuyo valor se estableció en $15.481 millones y que tenía por objeto la adecuación de cuatro vías en un lapso de 15 meses.

Según el informe de la entidad, se presentaron inconsistencias en las condiciones que se le dieron al contratista, haciendo que se le ajustaran a la capacidad financiera de este. Además, las pruebas técnicas que se le hicieron a las obras revelaron la utilización de elementos de baja calidad que no cumplían con los requisitos dispuestos por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Otro factor determinante para el fallo fue el pago de actividades que no se se llevaron a cabo y que se encontraban sustentadas con áreas y volúmenes que no correspondían a la realidad, generando problemas en las obras entregadas.

Cabe recordar que estas actuaciones ilícitas generaron un detrimento por $13.961 millones.

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