martes, 7 de marzo de 2017
El ente investigador le imputó cargos al exmandatario por aparentes hechos ilegales en la firma de un convenio de cooperación celebrado en enero de 2010, para la compra y distribución de textos escolares, en el que fueron detectadas irregularidades, que terminaron favoreciendo a terceros, y generando un detrimento a la Gobernación.
Abadía Campo no aceptó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, por lo que ahora enfrentará un juicio.
Para la Fiscalía, Abadía habría permitido que una firma contratista que no tenía la suficiente experiencia, se apropiara de una suma de más de $817 millones.
El ente investigador señala que la empresa que suscribió el contrato con la Gobernación habría terminado adquiriendo los textos a otras compañías, a través de una sucesión irregular de compras.
Al término de la diligencia, la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento, por lo que el exmandatario enfrentará su proceso en libertad.
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