Fiscalía revocó 16 suspensiones de órdenes de captura para jefes de bandas criminales

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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que la Fiscalía decidió revocar 16 de las 23 suspensiones de órdenes de captura que había autorizado recientemente para jefes de bandas criminales. La decisión inicial, la cual generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos y de seguridad, había permitido la suspensión temporal de procesos contra varios delincuentes que son buscados en todo el país.

Camargo explicó, en entrevista con Caracol Radio, que la medida no era jurídicamente viable para líderes criminales que ya cuentan con condenas vigentes, razón por la cual solo siete de las suspensiones seguirán en pie, todas correspondientes a individuos que actualmente se encuentran en libertad. Entre ellos se mantiene alias "Montañero", cabecilla de la estructura ‘El Mesa’, originaria de Bello, Antioquia, y con presencia activa en Bogotá.

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Precisamente, esta banda estuvo nuevamente en el foco público luego de que 23 de sus integrantes fueran capturados recientemente en la capital. Según señaló el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la organización estaría detrás de varios casos de cadáveres abandonados en bolsas en distintos puntos de Bogotá, hechos que han generado alarma en la ciudadanía.

La controversia aumentó después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentara ayer ante el Palacio de Justicia de Bogotá una solicitud de nulidad contra la decisión de la Fiscalía. El mandatario departamental cuestionó la suspensión de las órdenes de captura y advirtió que esta podría favorecer la actividad criminal en la región.

Rendón afirmó que su intención es evitar la liberación de delincuentes peligrosos y proteger a las víctimas, así como a los jueces, fiscales, policías y soldados que expusieron su vida en operativos para detenerlos. Además, denunció que permitir la movilidad de estos jefes criminales en zonas estratégicas de Antioquia podría influir en los resultados electorales.

“Es como si Petro y la Fiscal, con esta disposición, estuviesen permitiendo que se repita en las zonas más violentas la imposición del partido de gobierno sobre otras colectividades”, aseguró.