Lina María Guevara Benavides Martes, 16 de mayo de 2017

La investigación inició cuando una de las compañías, cuyo nombre se mantiene en reserva, denunció su participación y el de las otras empresas en el cartel, para luego acogerse al Programa de Beneficios por Colaboración del organismo.

Así las cosas, la Superindustria formuló dos cargos a las empresas. El primero, por haber conformado presuntamente un cartel empresarial para la fijación artificial de precios de los tubos, y el segundo por supuestamente haber conformado un cartel empresarial para repartirse los potenciales clientes del mercado y no competir entre los años 2004 y 2014.

Como consecuencia del fraude las empresas podrían ser sancionadas hasta con $73.771 millones, y las personas jurídicas tendrían sanciones de hasta $1.475 millones.