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José David Castilla miércoles, 17 de octubre de 2018

Gremios dicen que medidas de la fiscalía ponen en riesgo el servicio para la región

La empresa de servicios públicos del Atlántico, Triple A, enfrenta una de las mayores crisis administrativas de su historia, debido al proceso de extinción de dominio llevado a cabo por la Fiscalía General a la empresa española Inassa, que es la principal accionista de Triple A.

La entidad encargada de supervisar 82,16% de las acciones de la compañía es la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta entidad será la encargada de garantizar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en Barranquilla y otros 14 municipios en el departamento del Atlántico, mientras concluye el proceso de extinción de dominio.

Para ello, la SAE convocó de urgencia a una asamblea extraordinaria de accionistas, donde se postularon seis perfiles, entre los que se encuentran cinco abogados y un administrador. Sin embargo, los gremios económicos del departamento se manifestaron contra la designación de estos profesionales. Anunciaron que la solicitud de la SAE había sido apresurada y que no cumplió con los requisitos legales para conformar una nueva junta directiva.

“Los barranquilleros tenemos miedo. Esto nos puede remontar a la crisis que tuvimos en temas de alcantarillado hace más de 25 años”, dijo Ricardo Plata, miembro del Comité Intergremial y vocero de los empresarios frente a este tema. Plata afirmó que “esta medida de la Fiscalía fue exagerada y pone en riesgo el servicio público en 14 municipios del Atlántico”.

César Lorduy, representante a la Cámara por el Atlántico, dijo que “los miembros propuestos por la SAE no cumplen con los conceptos de la Contraloría, en donde se exige que ningún funcionario de una entidad pública forme parte de una mesa directiva”. Lorduy también comparte las preocupaciones de los gremios frente a este tema y comentó que “la SAE se puede estar tomando atribuciones políticas y societarias que no le corresponden”.


Los gremios del Atlántico protestaron por la designación de los posibles candidatos de la mesa directiva, quienes tendrán el futuro administrativo de la empresa y también criticaron que el proceso de votación y conformación de la mesa directiva se realizó sin el cumplimiento pleno de los requisitos de ley.

En una carta abierta, los gremios dijeron que “no se entiende la celeridad con la que el Gobierno Nacional a través de la Sociedad de Activos Especiales, ha convocado dicha Asamblea General de Accionistas de Triple A, ni tampoco que no se haya permitido a los estamentos de la ciudad postular hojas de vida para integrar la nueva junta directiva”. Ante esta situación le solicitaron al presidente Duque que tomara la dirección del caso.

Tras las quejas presentadas por los gremios, la SAE se pronunció mediante un comunicado de prensa, en la que informó que, únicamente, “tendrá las facultades jurídicas para la toma de decisiones administrativas” como “evaluar la continuidad del gerente actual y el nombramiento de un nuevo representante legal jurídico”.

En días anteriores, los directivos de Inassa habían acordado con la Procuraduría el pago de las sanciones impuestas por el despilfarro de dineros en este caso. Sin embargo, la Fiscalía optó por el embargo a a la empresa española.

Antonio Ruiz, presidente de Inassa dijo que “estas son medidas que no compartimos, tampoco compartimos el trato que hemos recibido por parte de la Fiscalía”. Aclaró que todos los recursos que ha recibido la empresa se han reinvertido para la ciudad. Dijo que la Fiscalía se extralimitó y desconoció el acuerdo comercial. Además, aseguró que acudirán a tribunales internacionales.

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