Gas Natural acusa a Colombia de "instigar a la violencia" contra ella

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El pasado 22 de marzo, GNF activó un procedimiento arbitral contra Colombia en el Tribunal de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés). En la documentación remitida a la Corte para ello, según fuentes conocedoras, la multinacional anticipa el contenido de la Demanda de arbitraje propiamente dicha, que se presentará en junio, coincidiendo con la elección de los tres jueces internacionales que dictarán sentencia.

GNF elabora un detallado relato de los desencuentros sucedidos con las autoridades colombianas desde que a finales de 2014 ambas partes trataran de poner solución a los problemas que venía arrastrando Electricaribe y que le impedían -y le impiden- prestar un buen servicio: la insuficiencia de ingresos por un mal diseño de las tarifas, el fraude y el impago, en ocasiones blindado por la legislación.

Campaña de acoso

Llama la atención que GNF, además de señalar que las autoridades colombianas han fallado a la hora de prevenir normativamente el robo de energía y el impago, les acuse directamente de haber ejecutado una campaña de acoso en la que han consentido e instigado el comportamiento delictivo, e incluso las actuaciones violentas.

Como ejemplo de esa instigación, la empresa recopila declaraciones de políticos y responsables públicos, como Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, que anunciaba en una radio que "en las protestas quiero estar ahí tirando piedras; yo quiero tirar piedras a Electricaribe" o la de David Barguil, presidente del Partido Conservador, quien afirmaba sin tapujos que "tenemos que librarnos de ellos de una vez por todas", o la de Edwin Besaile, gobernador de Córdoba, al justificar el impago: "Cuando el servicio es malo, la gente no paga".

Ese tipo de declaraciones de los responsables públicos no solo han incrementado el impago y el fraude, sino que se han traducido en ataques de la población contra los trabajadores de la empresa o sus contratistas: hasta septiembre de 2016 se habían registrado más de 242 actos de violencia, de los que 46 terminaron en agresiones físicas.

Y las autoridades tampoco han investigado las denuncias presentadas tras los incidentes. Es más, la policía, en lugar de proteger a los trabajadores encargados de acometer los cortes de suministro por impago allí donde estaban autorizados, ha amenazado a la firma con responsabilizarla de cualquier agitación social subsiguiente.

Ataques sistemáticos

La situación empeoró cuando el 11 de julio GNF informó al Gobierno de que había activado el Tratado bilateral de protección de inversiones entre España y Colombia, que le habilitaba a presentar una denuncia contra el país ante una Corte de Arbitraje internacional en un plazo de seis meses: los ataques se convirtieron en sistemáticos.

Solo dos días después, el contralor general abrió un procedimiento para imponer sanciones contra el representante legal de Electricaribe, el español José García Sanleandro, alegando incumplimiento a la hora de facilitar información. Desde entonces, el contralor ha abierto al menos cinco investigaciones más contra la empresa y ha iniciado al menos dos auditorías.

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Al mes siguiente, la Superintendencia de Servicios Públicos lanzó otra investigación por violar el registro de corporaciones y el Ministerio de Energía instruyó ocho procedimientos administrativos sancionadores por supuesto desfalco de subsidios públicos.

La Superintendencia -siguen relatando fuentes conocedoras, GNF no duda de que todo estuvo concertado para preparar la expropiación- aprovechó un programa de gestión para inspeccionar varias veces las oficinas de Electricaribe; en septiembre le requisó numerosa información operativa y contable.

El resultado de la presión política y de las actuaciones administrativas, incluida las amenazas de intervención, generaron ansiedad en los clientes y en las entidades financiadoras de la empresa, que empezaron a rescindirle los contratos y a exigir el cumplimiento de garantías, empeorando su ya mala situación financiera y allanando el terreno para la intervención pública.

Ésta llegó el 15 de noviembre. La Superintendencia -tras unas negociaciones fallidas entre GNF y Colombia al más alto nivel- alegó que la insolvencia de la compañía no le permitía cumplir con sus obligaciones con el resto del sistema eléctrico y garantizar el suministro a sus 2,6 millones de clientes.

Al día siguiente, la Fiscalía General llamó a testificar a Sanleandro en un procedimiento criminal y el fiscal ha amenazado con iniciar futuras investigaciones.

No era un problema de gestión

GNF apunta que las cifras manejadas por la intervención pública sobre la situación de Electricaribe son similares a las suyas -en déficit de caja, en volumen de impago, en necesidad de inversión-, lo que evidencia que la situación de insolvencia no es resultado de una mala gestión. Además, las medidas propuestas por el interventor para garantizar la viabilidad a largo plazo de la compañía caribeña coinciden con las que ella viene tiempo planteando a las autoridades. Y de remate, bajo control público se comenzaron a ejecutar los cortes de suministro a las entidades públicas morosas que antes estaban blindadas.

Sin embargo, en las cruciales negociaciones acontecidas en febrero, también al máximo nivel, el Gobierno colombiano exigió a GNF la recapitalización de Electricaribe antes de modificar la regulación. Lógicamente, no hubo acuerdo y el 14 de marzo se inició el proceso de liquidación de la distribuidora.

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