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lunes, 19 de enero de 2015

Por haberse cartelizado para lograr una licitación pública del Invías en 2010, para la reconstrucción y repavimentación de la Circunvalar Galeras en Naríño, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a cuatro firmas de ingeniería.

El grupo de las infractoras que pagará más de $6.045 millones por la falta, está

conformado por: Incoequipos Ingeniería Construción y Equipos S.A., Gisaico S.A., Estyma S.A., y Pavigas S.A.S.

La que recibió la mayor sanción entre las privadas fue Incoequipos Ingeniería que tendrá que pagar un total de $2.217 millones.

Los grupos empresariales no fueron los únicos a los que se les colocó correctivos, sino que los directivos de dichas empresas también resultaron salpicados en el fallo del órgano de control por encontrar que: Dairo Alberto García Trujillo, Gisaico S.A; Luis Eduardo Ordóñez Cardozo, Pavigas S.A.S; Javier Fernando Rocha Parado, Incoequipos Ingeniería Construción y Equipos S.A; y Guillermo León Ángel Toro, Estyma S.A., eran responsables de las decisiones que para la cartelización se tomaron.

Mediante la Resolución Número 83037 del pasado 29 de diciembre de 2014, Pablo Felipe Robledo del Castillo, dejó en firme dichas sanciones.

Contra la decisión del superintendente de Industria y Comercio procede el recurso de reposición que debe ser tramitado ante el mismo funcionario.

El caso concreto

La Superindustria aseguró que las involucradas y que en su momento fueron oferentes en la licitación pública ante el Invías, acordaron con anterioridad que Gisaico S.A., sería el ganador del contrato, y para ello, desplegaron toda una estrategia anticompetitiva. Explicó el ente que las cuatro empresas acordaron presentar ofertas previamente concertadas que garantizaran o hicieran más probable la adjudicación del contrato a laque ellos habían elegido como ganadora.

Pese a la elaboración del plan por parte de los empresarios, Invías advirtió irregularidades y declaró desierta la licitación pública por los mismos hechos que la SIC impuso estas sanciones al cierre del año pasado. Los sucedido fue informado ayer por la entidad pública.

Aunque la colusión en licitaciones públicas es considerada delito en Colombia, la Superindustria se abstuvo de remitir copias a la Fiscalía General de la Nación dirigida por Eduardo Montealegre por cuanto para la época de los hechos (hace cinco años), no había sido tipificada como tal.

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