Gobierno propone rebajas de penas de hasta 50% para los grupos armados

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El Gobierno radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca establecer las condiciones jurídicas para el sometimiento de integrantes de organizaciones armadas ilegales y su tránsito a la legalidad. La iniciativa, presentada por los ministros del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y de Justicia, Iván Alfonso Cancino, contempla rebajas de penas de hasta 50% para quienes cumplan los requisitos establecidos en el articulado.

La propuesta modifica, adiciona y también prorroga disposiciones de la Ley 418 de 1997, con el objetivo de establecer un marco jurídico para el sometimiento voluntario de estas estructuras. Según lo expuesto por el Ministerio de Justicia, el mecanismo no implica el reconocimiento político de las organizaciones y tendrá un carácter estrictamente jurídico. Por esta razón, el proyecto plantea que los interlocutores de los grupos armados sean abogados.

Uno de los puntos centrales está en el artículo 66B, que establece un tratamiento penal diferenciado. De acuerdo con el texto radicado, los integrantes de organizaciones armadas ilegales podrían acceder a una reducción de 50% de la pena acumulada, según sus aportes a la verdad, la reparación de las víctimas y las contribuciones verificables al desmantelamiento de las estructuras. Para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo, la rebaja propuesta sería de 30%.

El articulado también contempla la posibilidad de cumplir las medidas de aseguramiento en centros de arraigo transitorios y penas privativas de la libertad en colonias agrícolas. También, propone la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidas las cuatro quintas partes de la pena efectiva, previo cumplimiento de los requisitos y los compromisos asumidos.

Entre las obligaciones contempladas se encuentran contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas, entregar información que permita esclarecer hechos delictivos, colaborar con las autoridades judiciales y aportar a la reparación de las víctimas. El proyecto también incluye condiciones para colaboradores de organizaciones criminales involucrados en delitos económicos como lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito.

Con esta iniciativa se incorpora, además, una propuesta de intervención integral en los territorios afectados por la violencia, mediante la articulación de la Fuerza Pública, la justicia y las entidades responsables de programas sociales.

El proyecto contempla una vigencia de 10 años y establece que el Ministerio de Justicia deberá hacer seguimiento a su implementación y presentar anualmente al Congreso un informe público sobre sus avances, resultados y dificultades.

La propuesta deberá surtir su trámite legislativo en el Congreso, donde se discutirán sus alcances, las condiciones para acceder a los beneficios y las garantías para las víctimas. Por ahora, las rebajas y demás medidas incluidas en el articulado son propuestas y no beneficios vigentes.