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sábado, 17 de octubre de 2015

Sergio Andrés Osorio, vicepresidente Administrativo de Grupo Argos, manifestó que “hay una reclamación armada con un propósito delictivo. Son $100.000 millones en juego y eso no va a quebrar a la compañía, es decir, no trae una consecuencia económica ni patrimonial grave pero  sí constituye un tema de imagen que estamos dispuestos a defender hasta el final”. 

Por un lado, están los procesos (la primera demanda fue notificada a la empresa en junio de 2013) que hacen curso en  los Tribunales de Cartagena, Bogotá, Cali, Medellín y Cúcuta de reclamantes que alegan que vendieron sus tierras presionados por violencia y por el otro, está la multinacional antioqueña que dice que fue un comprador de ‘buena fe’, que tiene demandados a los falsos reclamantes y que asegura que este es un precedente que pone en jaque la seguridad jurídica del país y las posibles iniciativas que el sector privado esté pensando para contribuir al posconflicto.

Esta historia se remonta a 2005 cuando el Estado empezó a fomentar las fronteras forestales para que a la vez tuvieran un impacto en la consolidación territorial, especialmente en los municipios que habían sufrido la inclemente violencia de los paramilitares y la guerrilla.

 Allí Argos vio una oportunidad de seguir con la iniciativa de reforestación de Tekia que comenzó en 1981 en Puerto Libertador (Córdoba). Luego de evaluar varios lugares centró su interés en San Onofre (Sucre). “Entre 2005 y 2010 se adquirieron 2.300 hectáreas a $2 millones en promedio por hectárea. Fueron en total 14 compradores. La familia Martínez con su apoderado Teofilo Martínez vendieron la mayoría de los terrenos (1.000 hectáreas). “Sus miembros eran personas de buenos niveles de ingresos. Adicional, la familia nos ayudó a conseguir los otros terrenos y por ello se les dio una comisión de 3%”, explicó Osorio. También se invirtieron $20.000 millones en la plantación de teca. El valor futuro de dicho cultivo se calcula en más de $100.000 millones. Aquí se están reclamando 32 predios que equivalen a cerca de 1.800 hectáreas. Las reclamaciones están agrupadas en dos procesos en el Tribunal de Cartagena. Los fallos podrían salir en junio de 2016, explicó el funcionario. Rocío del Pilar Peña, coordinadora del Observatorio de Tierra Universidad del Rosario, dijo que Colombia siempre ha tenido una historia de fuego y sangre en lo que tiene que ver con la ampliación de sus fronteras agrícolas y desde el siglo  XIX. El Estado no ha tenido poder sobre la tierra y ha dejado que los particulares la regulen y agregó  “queda muy difícil entender cómo se puede decir que se compró de ‘buena fe’ en lugares donde claramente había una defensa paramilitar”, agregó. Al respecto, Osorio precisó que antes de llegar el territorio estaba libre de violencia e inclusive lo confirmaron con las fuerzas militares.

Entre 2010 y 2012 se compraron otras 6.600 hectáreas pero en Carmen de Bolívar. A diferencia de San Onofre donde la familia Martínez llevaba 40 años con la tierra, los vendedores fueron inversionistas que habían comprado tierras a campesinos uno o dos años antes. Según la empresa después de revisar todos los papeles no se encontró ninguna restricción.

“En ningún momento imaginamos  que en San Onofre nos reclamaran pues no hay razón, es una farsa. Llevamos cuatro años defendiéndonos y vamos a demostrar nuestra buena fe. En Carmen de Bolívar quizás sí porque la cadena de tradición tenía más actores por eso ahí no vamos a pelear”, precisó el directivo.  

Argos demandó en 2014 penalmente a Teofilo Martínez y hace 15 días amplió la demanda a todos los reclamantes de San Onofre. Entre tanto, los terrenos de Carmen de Bolívar los donó hace poco a la Fundación ’Crecer en Paz’.

Antecedentes
La Policía Nacional con el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras, capturó a más de 60 personas en Urabá, Córdoba y Cesar que pretendían quedarse fraudulentamente con 1.800 hectáreas de tierra. “Con estas detenciones, ratificamos el compromiso del Estado con las víctimas del conflicto; quienes delincan, contra el proceso de restitución de tierras enfrentarán penas que van de 8 a 12 años de cárcel”, aseguró el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri. El jefe de la cartera dijo que en total estas falsas reclamaciones tienen un valor aproximado de $7.000 millones.

Las opiniones

Sergio andrés osorio
Vicepresidente administrativo de grupo argos
“La ley de víctimas y de restitución de tierras es muy importante pero como toda nueva ley llega con vacíos. La presunción y la inversión de la carga de la prueba puede ser mal utilizado o manejado”.

Rocío del pilar peña
Cor. Observatorio de Tierra U. del Rosario
“La Ley 1448 es muy importante pues invirtió la carga de la prueba de las víctimas o personas que habitaban los territorios, pues a diferencia de estos, Argos sí tiene un gran batería de abogados”.

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