• Noelia Cigüenza Riaño

jueves, 6 de febrero de 2020

Entidad fiscalizadora abrió proceso de responsabilidad fiscal. GEB no ha sido notificado de la decisión y desmiente irregularidades

Grupo Energía Bogotá (GEB) desmintió que hayan existido irregularidades en la ejecución de un contrato suscrito con la multinacional Berkeley Research Group (BRG) en el que supuestamente se realizaron pagos por más de $2.040 millones sin los soportes de gastos reembolsables necesarios.

Esta fue una de las conclusiones a las que llegó la Contraloría de Bogotá, la cual abrió un proceso de responsabilidad fiscal formal contra la presidente del Grupo, Astrid Álvarez y otros dos interventores, Alejandro Botero y Mónica Jiménez, como se puede ver en el auto que dio a conocer ayer La FM.

“No hemos sido notificados formalmente sobre la apertura de este proceso. Este gasto reembolsable está asociado a un dictamen especializado que se le requirió a esta firma y, en particular, a uno de sus colaboradores. Esta persona era de gran trayectoria y prestigio”, aseguraron a AL abogados del GEB.

En concreto, uno de los servicios del contrato entre el Grupo y la multinacional consistió en la elaboración de un dictamen especializado para examinar el negocio de energías renovables y su futuro frente a un litigio con Emgesa.

Según expresa la emisora que conoció el auto, el gasto total de estos servicios superó $3.000 millones, que se dividieron en tres fechas en las que no se encontró soporte alguno de los gastos reembolsables. El 6 de septiembre de 2018 el valor fue de $1.023 millones; el 10 de septiembre de 2018 llegó a $1.012 millones; y el 1 de febrero de 2019 ascendió a $1.036 millones.

No obstante, la parte jurídica del GEB sostuvo que en todo momento se presentaron los soportes de los gastos reembolsables del contrato suscrito con BGR y que además estas pruebas se le presentaron a la propia Contraloría de Bogotá cuando se acercó al Grupo al inicio de la investigación.

Contraloría Distrital señala a presidente
En el auto de la Contraloría de Bogotá aparece como presunto responsable por posibles faltas administrativas y disciplinarias la presidenta del GEB, Astrid Álvarez, quien según el texto habría al parecer omitido verificar los soportes del cumplimiento del dictamen y habría dado aval a los pagos.

Sobre este punto, la parte jurídica aseguró que la responsabilidad fiscal hace referencia al rol que juega una persona y que ella, en ese sentido, no tuvo nada que ver con la celebración de dicho contrato.

De los dos interventores, el documento de la Contraloría de Bogotá indica que avalaron el cumplimiento de los servicios del contrato sin los soportes debidos.

En adelante, las diligencias de la Contraloría se trasladarán a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General para que se determinen eventuales responsabilidades penales y disciplinarias. Por su lado, en GEB están a la espera de recibir una notificación formal del proceso para poder iniciar un proceso de recogida de pruebas.

Antecedentes
En este caso vale la pena mencionar que la multinacional Berkeley Research Group (BRG), también está mencionada dentro de la investigación de las chuzadas realizadas contra los pilotos sindicalistas de la aerolínea Avianca. Igualmente, contra el director general del Grupo Enel en Colombia, Lucio Rubio, y contra el abogado Felipe Jaramillo, quien es contraparte en un litigio jurídico contra el mismo GEB.