Lo anterior viola los artículos 23 y 24 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) que obliga a los proveedores a suministrar a los consumidores información veraz y suficiente sobre los productos que se ofrecen.
De hallarse culpables a los grupos, podrían recibir, individualmente, multas hasta por $1.232 millones.
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