Hay 98 academias de escoltas autorizadas por la SuperVigilancia en 17 departamentos

El panorama de la seguridad privada en Colombia cuenta hoy con una estructura de formación oficial compuesta por 98 academias de escoltas autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con presencia estratégica en 17 departamentos del país.

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Esta radiografía del sector muestra una concentración clave en regiones de alta actividad económica y necesidad de protección, como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y la región Caribe. De igual manera, en Colombia se registran cerca de 400.000 personas certificadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada bajo las categorías de guardas de seguridad, personal de vigilancia, escoltas y guardias. Esta cifra total de trabajadores operativos dentro del sector privado duplica el número de miembros activos pertenecientes a la Policía Nacional, los cuales son apróximadamente 165.000.

La Unidad Nacional de Protección, UNP, entidad de carácter estatal, contrata formalmente a un mínimo de 11.500 escoltas con el fin de proporcionar esquemas de seguridad a un estimado de 12.000 beneficiarios. Entre los ciudadanos protegidos se encuentran altos funcionarios del Gobierno, líderes sociales bajo amenaza registrada y otras personas con niveles evaluados de riesgo.

De esta manera, la operación y el mantenimiento de estos esquemas de protección, que está a cargo de la Unidad Nacional de Protección, representan un gasto anual para el Estado de aproximadamente $2,5 billones, lo cual equivale hoy a US$720 millones, según los datos suministrados por la propia institución.

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Los registros estadísticos sectoriales indican que la presencia y el despliegue de personal de escoltas en el territorio colombiano ha experimentado un incremento de aproximadamente 400% durante el transcurso de la última década.

Parte del personal que inició su formación básica como escoltas en el país ha migrado posteriormente para desempeñarse en el exterior en calidad de contratistas de seguridad en naciones como Sudán, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos o Israel. Los honorarios percibidos por estas labores en el extranjero oscilan entre $10 y $20 millones mensuales, montos equivalentes a rangos de entre US$2.500 y US$5.000.

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Por fuera del esquema de protección estatal, los analistas del sector calculan que existen alrededor de 20.000 personas particulares que contratan servicios de seguridad privada de manera independiente. Este grupo de usuarios externos incluye a empresarios, cantantes y actores, quienes sufragan costos mensuales valorados en miles de euros.

Las empresas intermediarias dedicadas a proveer estos servicios facturan valores superiores a los $10 millones por cada escolta contratado en el mercado privado, un costo base que no contempla los valores adicionales requeridos para la asignación de vehículos con blindaje.

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Las academias especializadas en instrucción y capacitación técnica registran dinámicas de alta demanda. La institución formativa Swat Bodyguards opera actualmente un total de 27 sedes distribuidas en el país y gestiona cursos de periodicidad mensual que promedian un centenar de estudiantes por ciclo.

Los costos de matrícula asumidos por cada alumno para acceder a estos programas de capacitación varían entre $3 y $6 millones, dependiendo de la modalidad y la especificidad técnica del taller seleccionado de la oferta académica.

Luis Felipe Vega Díaz, docente de Ciencias Políticas en la Universidad Javeriana, explicó que los datos del Gobierno Nacional, registraron que entre 2020 y 2025 hubo una participación de al menos 800 colombianos en conflictos que fueron por fuera del país, aunque la cifra real podría llegar superar los 3.000 casos.

Antecedentes

A principios de 2026, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada informó que ordenó la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas bajo su competencia, por motivos administrativos en algunos casos y, en otros, como resultado de investigaciones en las que se revisa una posible infiltración criminal en determinadas compañías. La Superintendencia aclaró que, aunque inicialmente se relacionaron con presuntas actividades ilícitas, no todas se tratan de delitos.