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Colprensa miércoles, 29 de octubre de 2014

Tras el reciente pronunciamiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) respecto a una significativa reducción en las cifras de hacinamiento carcelario, la Defensoría del Pueblo expresó reparos a ese diagnóstico, pues a juicio de la entidad se desconoce la influencia de situaciones como la operación reglamento que desde hace más de dos meses adelantan los miembros de la guardia en al menos 23 establecimientos del país, donde se alberga a un tercio de la población reclusa, es decir, entre 50.000 y 60.000 personas.

Según el Inpec, la disminución de 9,5% obedece a que los jueces aplicaron la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, otorgando beneficios de libertad condicional, prisión domiciliaria y suspensión de la pena a 18.732 internos, lo cual permitió la creación de 489 cupos.

Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo existen situaciones coyunturales que tienen alta incidencia en estos resultados, y que son completamente ajenas a las medidas judiciales que atribuye el Instituto, pues sólo en el caso de la operación reglamento es evidente que la parálisis no ha permitido la entrada de nuevos reclusos a las penitenciarías, generando enorme congestión en las URI y en las estaciones de Policía.

El año pasado el hacinamiento en el país se agudizó, cuando subió al 54,4% y varios fallos judiciales, motivados por tutelas, ordenaron a 14 penales no recibir más gente. A esto se sumaron la insalubridad, la violación de derechos humanos, deficiencias estructurales y administrativas de las penitenciarías.

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