Héctor Carvajal fue elegido para ser el nuevo magistrado de la Corte Constitucional

El Senado de la República eligió al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, quien tomará el lugar de Cristina Pardo, que ha completado su periodo de ocho años. Héctor Carvajal Londoño fue elegido para sucederla, con 66 votos a favor, de una terna en la que también estaban Didima Rico y Karena Caselles.

Carvajal es un abogado con una sólida trayectoria en Derecho Administrativo y es el fundador de una firma de consultoría jurídica. Ha trabajado tanto en el sector público como en el privado. Entre sus logros, se destacan las asesorías legales que brindó al actual presidente Gustavo Petro, a quien defendió en 2013 tras su destitución como alcalde de Bogotá, y más recientemente, en las investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022.

Además de contar con el apoyo del Gobierno, Carvajal ha tejido relaciones con figuras clave del Congreso. Su nombre ha sido vinculado a sectores del Pacto Histórico, así como al expresidente Álvaro Uribe y a la actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. También ha conseguido respaldo en el partido La U y, según se ha reportado, cuenta con el apoyo de miembros del Partido Liberal y del Partido Conservador, incluyendo al presidente del Senado, Efraín Cepeda.

La candidatura de Carvajal suscitó diversas reacciones. El colectivo juvenil De Cara al Futuro envió una carta a los senadores expresando su preocupación por la independencia de la Corte. En la misiva, subrayaron la importancia de mantener un equilibrio institucional y doctrinario dentro del alto tribunal.

El abogado también es conocido por haber sido abogado personal del presidente Petro en diversos casos, Carvajal también ha tejido vínculos con sectores políticos variados, incluyendo figuras del Partido Liberal y del Partido de La U.

Analistas señalan que con su llegada, la Corte Constitucional podría experimentar un giro en su orientación ideológica. Carvajal reemplazaría a Cristina Pardo, una magistrada identificada con posturas conservadoras, lo que implicaría un avance del Ejecutivo en la conformación de una Corte más alineada con su agenda.