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Luis Guillermo Pérez Casas lunes, 28 de septiembre de 2015

El Gobierno y las Farc han asumido un acuerdo histórico que establece que los delitos no amnistiables, ni indultables, es decir los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, los más graves y representativos no quedarían en la impunidad, por tanto habría verdad, reparación y sanción a los responsables.

Es histórico porque es la primera vez en la historia de la humanidad, que producto de la negociación de un acuerdo de paz, se acepta que los que hayan cometido crímenes con ocasión del conflicto armado, tienen que contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas y a rendir cuentas ante la justicia.

Además se comprometen de manera específica a que habrá sanción penal por otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.

Esta jurisdicción para la paz se aplicará a todos los que hayan perpetrado o auspiciado dichos crímenes, guerrilleros, agentes estatales y particulares. Es decir que los políticos, empresarios u otros actores que de manera directa o indirecta hayan sido responsables de los mismos, tendrán una la posibilidad de redimir sus cuentas con la justicia y contribuir a la paz.

Hay que precisar que frente a más de siete millones de víctimas de crímenes internacionales cometidos en Colombia, el Tribunal para la Paz no podrá investigarlos todos, ni sancionar a todos los responsables. Habrá selección y priorización de casos, que ya hace parte de definiciones institucionales integradas en la Constitución Política, con el acto legislativo 01 de 2012 o Marco Jurídico para la Paz.

Debe haber en todo caso una relación de contexto y en razón del conflicto. Lo que en principio dejaría por fuera crímenes tan abominables como los miles de casos de  “falsos positivos”; cometidos por miembros del Ejército no en el desarrollo de operaciones contrainsurgentes, sino por intereses personales de los soldados o comandantes, para sumar muertes que les reportaba una serie de privilegios, desde el uso de gastos reservados, vacaciones, licencias, ascensos y hasta condecoraciones que impuso el gobierno de Uribe Vélez.

Para quienes reconozcan su responsabilidad, contribuyan a la verdad plena y a las garantías de no repetición el Tribunal para la Paz les impondrá sanciones de cinco a ocho años,  restrictivas de las libertades y derechos en una perspectiva restauradora y reparadora mediante obras, trabajos y otras actividades, en marcadas en el respeto de los derechos de las víctimas, la reconciliación y la paz. A quienes lo hagan tardíamente se les impondrá una pena efectiva de prisión con el mismo tiempo. A los que no colaboren se les podrá condenar hasta con 20 años de prisión.

El Tribunal también podrá revisar procesos penales y revocar y cambiar sentencias condenatorias, de quienes se sometan a su jurisdicción y contribuyan a los fines de esta justicia para la paz.

Este acuerdo nos da la esperanza de que efectivamente nos acercamos al fin de uno de los conflictos armados más viejos y degradados del planeta. Los que han nutrido su poder político con la guerra, la sangre y las muertes ajenas, lo cuestionan despiadadamente, como cuestionan todo el proceso afirmando, sin justificación alguna, que el gobierno le está entregando el país a las Farc.

Lo que se hace en esta negociación, es pactar las garantías para que en Colombia nadie más mate por sus ideas políticas, ni ser asesinado por defenderlas.
 

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