La FM
martes, 28 de noviembre de 2023
Las tres personas implicadas habrían contratado más personas de las necesarias y sin haber cumplido con los requisitos técnicos
La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de peculado por apropiación en favor de terceros a la exsecretaria de educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo, a la exdirectora del programa "Buen Comienzo", Lina Gil y al contratista de la corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez por un presunto caso de corrupción que recogería más de $1.400 millones para el mencionado programa.
La imputación provino de la jueza 31 penal de Medellín, Adriana Londoño Bonilla. De la misma manera, la directora seccional de Medellín, Yiri Milena Amado, reportó que entre marzo y agosto de 2020, los servidores públicos se habrían apropiado de $1.423 millones por concepto de salarios de 520 personas que fueron contratadas por Colombia Avanza sin haber cumplido con los requisitos técnicos.
Según Amado, se habría contratado más personal del necesario y se habrían contratado a 51 personas que no prestaron los servicios para los cuales habían sido contratados. En la audiencia de imputación de cargos, ninguna de las tres personas involucradas aceptó el delito por el cual fueron señaladas.
#ATENCIÓN | La Fiscalía realizó una nueva imputación de cargos contra la exsecretaria de Educación de Medellín Martha Alexandra Ruiz Agudelo, como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, por una cuantía superior a los 1400 millones de… pic.twitter.com/DUg2lkxBKu
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 28, 2023
En mayo de 2023, la Procuraduría General de la Nación ya se había pronunciado frente a otro caso que involucró a Agudelo en el que se desacataron los principios de transparencia y deber de selección objetiva en otro proceso de contratación que involucró a la corporación Colombia Avanza para la atención de mujeres gestantes y lactantes y la atención de la primera infancia.
En su momento, se determinó que Agudelo celebró contratos de prestación de servicios de forma directa sin que este se adhiriera al objeto, necesidades y obligaciones previstas. Por este hecho, el Ministerio Público catalogó la falta como gravísima a título de culpa gravísima.
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