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Colprensa viernes, 13 de septiembre de 2013

La Fiscalía General de la Nación les imputará cargos a cinco personas por los delitos de falso testimonio y fraude procesal, por haber declarado en contra del exdiputado del Valle del Cauca Sigifredo López, a quien vincularon con los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de 11 compañeros de la Asamblea.

Se trata de Julio César Salazar González, desmovilizado del ELN, Édver Fajardo, María Eugenia Mina, alias ‘La Negra’ y Reinaldo Valencia Rincón, alias ‘el Cabezón’, desmovilizados de las Farc; y de Diego Antonio López Osorio, de quien no se conoce el grupo insurgente con el que es vinculado.

Todos ellos deberán responder ante la justicia en los próximos días.

Según la Fiscalía, estas personas habrían afectado la investigación que se adelantaba en contra del exdiputado llevándolo a ser cobijado con medida de aseguramiento por los delitos de toma de rehenes, perfidia y homicidio agravado.

En las pruebas recolectadas los desmovilizados acusaron falsamente al exdiputado de tener nexos con el grupo guerrillero de las Farc y de ser uno de los actores de la Asamblea en el centro de Cali y el secuestro de los diputados del valle, en abril de 2002.

Luego de las investigaciones realizadas por el ente acusador, se pudo determinar que en las versiones de los desmovilizados existían contradicciones de tiempo y lugar por lo cual no correspondían a la verdad de los hechos.

Caso Sigifredo López
Sigifredo López, uno de los 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca secuestrados en abril de 2002 por la guerrilla de las Farc, fue capturado en 2012 por miembros de la Policía y el CTI de la Fiscalía sindicado de los cargos de “secuestro y homicidio”.

A López se le investigó por los hechos en los que resultaron muertos 11 de sus compañeros. López fue el único sobreviviente del secuestro.

Los 11 diputados fueron brutalmente asesinados por la guerrilla de las Farc el 28 de junio de 2007. Ttras sufrir un largo secuestro. Sigifredo López fue liberado el 5 de febrero de 2009, tras la facilitación del gobierno de Brasil.

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