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José David Castilla jueves, 29 de noviembre de 2018

El fenómeno ha dejado más de 7.2 millones de víctimas

"Tenemos preocupación por las amenazas, debido a la persistencia de las dinámicas de violencia en nuestros territorios, relacionadas con la disputa territorial de grupos armados y narcotráfico" fueron las palabras con las que Víctor Carpio, representante de población Pueblos Indígenas, inició su intervención durante la audiencia del desplazamiento organizada por la Corte Constitucional.

La Sala plena de la Corte Constitucional acogió las voces de todos los actores institucionales y civiles que se ven involucrados en la problemática del desplazamiento humanitario que se presenta en Colombia. Durante la jornada participaron la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el director de la Ancnur, el Contralor General y distintos miembros del gobierno nacional.

Hace catorce años, la Corte Constitucional profirió la sentencia T-025 de 2004. Esta providencia representó un hito jurisprudencia para reconocer el papel de las víctimas en el conflicto armado colombiano. Gracias a esto, se estableció el estado de cosas inconstitucional para la población que ha sufrido el fenómeno del desplazamiento forzado. Pero el desarrollo institucional no ha sido suficiente para amainar esta grave situación humanitaria interna. Según reporte de la Acnur, el país tiene 7,2 millones de víctimas por este fenómeno, una cifra que ubica al país en el segundo lugar a nivel mundial con más desplazados internos.

Líderes sociales y representantes de comunidades afectadas por los fenómenos del narcotráfico y el conflicto armado mencionaron cuáles son las verdaderas amenazas que deben sufrir en esta situación precaria del conflicto armado. "Reconocemos que el Gobierno ha realizado algunas acciones, pero les ha faltado contundencia", dijo Elizabeth Moreno, representante Acaesan, quién también criticó que el Gobierno se ha enfocado únicamente a militarizar los territorios, "ignorando el enfoque étnico y los programas sociales que se necesitan para menguar el fenómeno de la violencia".

Moreno también le solicitó a la Corte Constitucional que no levante el estado de cosas inconstitucional que existe contra la población desplazada en Colombia. "Reanudar e implementar las curules de paz para las víctimas, pedimos más vigilancia a la población infantil, al adulto mayor y a todas las víctimas que hemos vivido el flagelo de la guerra en nuestros territorios".

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, dijo que "La Vicepresidencia ha coordinado 7 reuniones, una de esas en Tumaco, para garantizar plan de acción que permita abordar los subtemas del Estado de Cosas Inconstitucional". También afrimó que el próximo 10 de diciembre, la entidad adelantará acciones institucionales para mejorar la atención humanitaria en varios territorios.

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