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Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co sábado, 15 de octubre de 2016

De acuerdo con la Ley 201 de 1995, la escogencia de este cargo recae sobre el Congreso de la República, que elige entre una terna enviada por el Consejo de Estado (Fernando Carillo), la Corte Suprema de Justicia (Jorge Fernando Perdomo) y el Presidente de la República (María Mercedes López). 

Las cartas ya están sobre la mesa y es inconcebible que sobre los tres candidatos que podrían encargarse de realizar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias contra los servidores públicos  haya un manto de dudas sobre sus posibles inhabilidades. ¿Acaso los encargados de escogerlos no validaron todos esos puntos?

Sobre la elección de la entidad que maneja un presupuesto superior a $400.000 millones deberían estar puestas todas las miradas. No obstante, existe cierta distorsión a causa de la incertidumbre del proceso de paz y de la llamada reforma tributaria que esta semana se tramitará en el Capitolio. Independientemente de la inconcebible disputa de los partidos políticos para quedarse con el Ministerio Público, urge que el proceso de selección se centre en las capacidades de los aspirantes y, especialmente, en las inhabilidades para que las destituciones solo se vuelvan a ver por las decisiones de la entidad, no a causa de irregularidades no resueltas de su líder

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