De acuerdo con el viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, más de 30 alcaldes, jefes de planeación y contratistas de diferentes zonas del país, serán investigados penal y fiscalmente por no entrega de más de 1.500 viviendas de interés prioritario. Ante el incumplimiento de los contratistas, el Gobierno intenta que las aseguradoras a través de la figura del siniestro, asuman la ejecución final de los contratos Más de $152.000 millones costarían los 300 contratos que, al parecer, no fueron cumplidos, por lo que los implicados podrían incurrir en el delito de detrimento patrimonial.
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