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Colprensa Lunes, 3 de septiembre de 2012

Con una orden otrogada por parte de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura deberán investigar a dos jueces de Cartagena que ordenaron de forma al Invias que pagara 22 mil millones de pesos por la supuesta ocupación de predios privados.

La Corte Constitucional dejó sin efecto las decisiones de instancia que avalaron el pago en el entendido que el lio jurídico entre el Invías y los predios en cuestión tenían que ser resueltos por la justicia contenciosa administrativa y no por la ordinaria.

De hecho, fue por este motivo que el Invias había impugnado la decisión del juez de primera instancia. Aunque el Tribunal Superior de Cartagena había ordenado revocar el fallo, en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia señaló lo contrario al estimar que ya se habían vencido los términos para impugnar la decisión.

Por su parte, la  Corte Constitucional tumbó todo este proceso relacionado  y señaló que hay serias irregularidades en la sentencia que ordenó el pago millonario al Invías, por lo que el proceso deberá empezar de nuevo pero, en este caso, en la justicia contenciosa administrativa correspondiente.