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Colprensa jueves, 7 de junio de 2012

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación formal a 128 entidades del Estado que no permitieron cerrar el balance contable del Presupuesto General de la Nación durante la Vigencia Fiscal del 2010 por su aparente gestión deficiente en el control del gasto.

La decisión se originó luego de que la Contraloría General de la República y la Contaduría General encontraran un presunto detrimento patrimonial luego de revisar los balances financieros de las entidades del Estado.

En ese examen por ejemplo se habrían encontrado cuentas irregulares, gastos no justificados y deficiencias en el uso de sus chequeras.

Entre las entidades en problemas está el Hospital Militar Central, gran parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, el Instituto Nacional de Salud, el Fondo Rotatorio de la Armada Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, entre otras.

Igualmente, son investigados el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Escuela Superior de Administración Pública, la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuaria, Fiduagraria; el Archivo General de la Nación, la Central Hidroeléctrica del Cauca, así como varios institutos de educación superior como la Universidad Surcolombiana y el Instituto Nacional para Ciegos.

A raíz de las irregularidades en los controles de estos organismos la Comisión de Gastos del Congreso de la República no dio su aval para culminar el Balance General de la Nación durante la vigencia fiscal de 2010.

Por esta razón, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, expidió una resolución de mayo de 2012 para que se estableciera si en esas 128 entidades estatales, se podían tomar sanciones disciplinarias contra varios servidores públicos.

Inhabilidad
De otro lado, la Procuraduría General de la Nación citó para el 20 de junio de 2012, a las 9:00 a.m., al actual diputado de la Asamblea del Putumayo Wilder Trujillo Luna, para que responda por su presunta responsabilidad disciplinaria al presentarse como candidato y posesionarse una vez elegido, estando incurso en inhabilidad. Los hechos materia de investigación corresponden a una presunta inhabilidad al presentarse como candidato a diputado de la Asamblea departamental de Putumayo para el periodo 2012 – 2015, en las elecciones efectuadas el 30 de octubre de 2011, habiendo suscrito y ejecutado el contrato de prestación de servicios 232 el 14 de septiembre de 2010 con plazo de ejecución de dos meses.

Dicha actitud, podría constituirse en violación del artículo 33 de la ley 617 de 2000, inhabilidades de los diputados, parágrafo 4: 'quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios.

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