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Colprensa miércoles, 22 de agosto de 2018

La medida fue solicitada por las Farc

El Tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) dio un plazo de 30 días al Gobierno y las Farc para aclarar cuántos y cuáles son los bienes del otrora grupo guerrillero, con el fin de tener información necesaria para declarar medidas cautelares para garantizar la reparación a las víctimas.

La medida responde a una solicitud hecha por el líder del partido Farc, Pastor Alape, quien el pasado mes de febrero pidió al director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP medidas especiales para proteger los bienes con los que piensan indemnizar a los afectados por el conflicto armado.

Atendiendo a la petición, los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP emitieron el Auto de Trámite 02 del 21 de agosto de 2018, que dice lo siguiente:

“Antes de adoptar una decisión sobre las medidas cautelares, se busca hacer plena claridad sobre la cantidad de bienes y activos entregados por las Farc para la reparación de sus víctimas, sobre aquellos que están en proceso de extinción de dominio, sobre sus actuales administradores y sobre los rendimientos que hayan generado, entre otros aspectos”.

En dicho auto se vinculó al proceso a la Fiscalía General de la Nación, a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al Ministerio del Interior, al Director Ejecutivo de la Rama Judicial, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la Agencia Nacional de Tierras, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República y al ciudadano Rodrigo Londoño Echeverri.

En el periodo de 30 días hábiles la Fiscalía debe entregar un informe sobre la clasificación y relación de bienes y activos de las antiguas Farc-EP que se encuentren en extinción de dominio, con o sin medidas cautelares.

También se deberá aportar una relación de los bienes y activos no inventariados, además de un balance de pérdidas y deterioros de los mismos; para que señale la destinación específica que están recibiendo los civiles y naturales en el curso de los procesos de extinción de dominio. Órdenes similares les fueron dadas a las demás entidades del Estado y personas vinculadas al trámite del expediente sobre la solicitud de medidas cautelares.

En el caso de Alape, en el mismo auto se señala que hay “falta de correspondencia entre el total del inventario presentado por el Secretariado de las Farc-EP (…) y el suscrito por él del 15 de febrero de 2018 en el escrito de solicitud de medidas cautelares”.

Entre tanto, a Rodrigo Londoño Echeverri, mejor conocido como ‘Timochenko’, se le exige que complemente y precise el inventario de bienes y activos, que informe sobre sus matrículas inmobiliarias, su ubicación exacta y además describa sus linderos.

De otra parte, el auto les da un plazo de 15 días hábiles a las organizaciones de víctimas para que se “pronuncien sobre la solicitud de medidas cautelares invocada por la UIA, la cual involucra la reparación material, en el marco de la reparación integral”.

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