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José David Castilla martes, 7 de mayo de 2019

La audiencia se llevará a cabo este 9 de mayo.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) realizarán una audiencia pública sobre la implementación de los acuerdos de paz, luego de un intenso pulso jurídico que inició el canciller Carlos Holmes Trujillo.

Este conflicto comenzó porque el canciller aseguró que no había sido informado sobre la solicitud que hizo la JEP ante las instancias internacionales para realizar esta audiencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores adujo que la entidad no estaba autorizada para este trámite.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, publicó una carta en la que informó que desde el 26 de abril la entidad contactó al director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Ajde), Camilo Pinzón Alzate, y con miembros de la entidad donde informó la solicitud de la audiencia.

La Cidh puso fin a la discusión y criticó las acciones de la Cancillería. En una carta dirigida a la directora de la JEP, la comisión informó que “se mantiene la competencia ante la solicitud de la citada audiencia” y estableció que la diligencia se llevará a cabo el próximo 9 de mayo.

Después de que se publicara la confirmación de la audiencia, Linares se comunicó ante la opinión pública y aclaró que durante la diligencia se estudiarán los avances, retos y desafíos que tiene la JEP en la implementación del acuerdo de paz.

Linares también explicó que todas las autoridades judiciales de los países que acogieron la competencia de esta clase de tribunales tienen la “competencia para citar y tramitar audiencias de este tipo”.

En su declaración, también criticó las designaciones presupuestales del Plan Nacional de Desarrollo para el funcionamiento de la entidad. Bajo su contexto, el artículo 148 atenta contra la médula administrativa de la jurisdicción.

Por su parte, Camilo Gómez (director de la Adje) criticó la decisión de la Cidh y dijo que la JEP tiene todas las garantías para funcionar en el país. Mediante un dicho popular, recalcó que la “ropa sucia se lava en casa”.

En otras noticias relacionadas con la JEP, la Procuraduría impuso una sanción disciplinaria contra Néstor Raúl Correa por haberse extralimitado en el ejercicio de sus funciones. Según el Ministerio Público, el funcionario habría otorgado permisos irregulares a varios exmiembros de las Farc. Por estos hechos fue suspendido por cinco meses.

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