JEP llama a ocho exmilitares a reconocer responsabilidad por crímenes contra la UP

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, llamó a ocho antiguos integrantes de inteligencia del Ejército Nacional a reconocer su responsabilidad por crímenes cometidos contra miembros de la Unión Patriótica, UP, y personas vinculadas a grupos guerrilleros en Bogotá, entre 1985 y 1993. La decisión hace parte de las investigaciones de los casos 06 y 08, relacionados con el genocidio contra la UP y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Los señalados pertenecieron al Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, Coici, posteriormente conocido como Brigada XX. Entre ellos se encuentran los oficiales retirados Carlos Armando Mejía Lobo, Camilo Pulecio Tovar, Óscar Diego Sánchez Vélez y Álvaro Hernán Velandia Hurtado. También fueron llamados los suboficiales retirados Luis Guillermo Hernández González, Mauricio Angarita, Julio Roberto Ortega Araque y Bernardo Alfonso Garzón Garzón.

Según la investigación, los antiguos militares participaron en dos patrones criminales. El primero estuvo relacionado con amenazas, seguimientos, desapariciones y asesinatos de dirigentes y militantes de la Unión Patriótica. El segundo incluyó detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de integrantes del M-19, el Ejército Popular de Liberación, EPL, y las Farc-EP. De acuerdo con la jurisdicción, estas acciones buscaban impedir un posible levantamiento guerrillero en Bogotá.

En el primer grupo, la JEP identificó 14 hechos que afectaron a 18 víctimas. Entre los casos se encuentran las desapariciones de Bertil Prieto, Francisco Luis Tobón, Víctor Manuel Nieto y José Alfredo Ávila, así como el asesinato de José Miller Chacón. También se documentaron las amenazas y los seguimientos contra Aída Avella, dirigente de la UP, que se intensificaron en 1993 y estuvieron relacionados con posteriores ataques y su exilio.

En el segundo patrón se identificaron 13 hechos con 15 víctimas. Uno de los casos es el de Nydia Erika Bautista, integrante del M-19, quien fue detenida arbitrariamente el 30 de agosto de 1987 en Bogotá y trasladada a un lugar clandestino en Soacha. Según la investigación, permaneció retenida durante tres días, fue víctima de tortura y violencia sexual y posteriormente fue asesinada.

Otro de los casos corresponde a Amparo Tordecillas, integrante del EPL, desaparecida el 25 de abril de 1989 mientras adelantaba acercamientos con la Comisión de Notables para explorar posibles diálogos de paz. La jurisdicción señaló que varias de las víctimas fueron detenidas cuando se encontraban fuera de combate y posteriormente sometidas a torturas y desapariciones forzadas.

Para sustentar la decisión, la JEP analizó 23 versiones voluntarias de antiguos integrantes de inteligencia militar, nueve declaraciones bajo juramento, 17 expedientes judiciales y disciplinarios, además de archivos de la antigua Brigada XX. La investigación permitió establecer cómo se recopilaba información sobre las víctimas y se realizaban seguimientos que posteriormente podían terminar en detenciones y ataques.

Como parte de la decisión, los ocho exmilitares tendrán 15 días hábiles para informar si reconocen su responsabilidad o controvierten las conclusiones de la investigación. También deberán entregar información que contribuya a la búsqueda y localización de las personas que continúan desaparecidas, incluyendo posibles lugares donde podrían encontrarse sus restos.