Corte Constitucional avaló el Estado de Emergencia Económica decretado por el Gobierno
El organismo le dio 20 días hábiles al Ministerio de Hacienda para que establezca los recursos necesarios con el fin de atender las afectaciones ocasionadas por el terremoto
11 de noviembre de 2026
La Corte Constitucional avaló el Estado de Emergencia Económica que había decretado el Gobierno de Abelardo de la Espriella con motivo del terremoto que ocurrió el pasado 10 de agosto.
De igual manera, el organismo le dio 20 días hábiles al Ministerio de Hacienda para que recalcule el costo y establecer los recursos necesarios con el fin de atender las afectaciones ocasionadas por el terremoto.
Entre los frentes que podrán atenderse están la vivienda, infraestructura, servicios públicos, actividad económica y condiciones sociales de los territorios afectados. La decisión se sustenta en la magnitud de la emergencia y en la necesidad de contar con herramientas adicionales a las que normalmente tiene el Estado.
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Las nuevas disposiciones tendrán que estar enfocadas exclusivamente en atender la crisis o impedir que sus consecuencias aumenten. De esta manera, la declaratoria abre la puerta a que el Gobierno adopte medidas especiales para acelerar la atención y recuperación de las zonas afectadas.
¿Qué es una emergencia económica?
El estado de emergencia económica, social y ecológica es uno de los tres tipos de estados de excepción contemplados en la Constitución Política de 1991 y está previsto para situaciones extraordinarias.
Para declararlo, deben existir hechos que perturben o amenacen con perturbar de forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país, o que constituyan una grave calamidad pública. Aunque el presidente De la Espriella puede declararlo mediante un decreto firmado por él y todos sus ministros, la medida debió ser revisada posteriormente por la Corte Constitucional.
Un estado de emergencia no puede superar los 30 días y solo puede declararse hasta tres veces durante un mismo año calendario.
En la práctica, esta declaración le permite al presidente de turno expedir decretos con fuerza de ley para atender directamente la crisis y evitar que sus efectos se extiendan.
Estas medidas deben estar relacionadas con la emergencia y, de manera temporal, incluso pueden crear nuevos impuestos o modificar los existentes. En ese caso, los cambios tributarios solo estarán vigentes hasta el final del siguiente año fiscal, a menos que el Congreso decida convertirlos en permanentes durante ese periodo.
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