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Judicial

JEP reducirá un 85% de sus contratos y cambiará de sede por recorte presupuestal

La reducción de recursos obligará a la jurisdicción a modificar su infraestructura, sus esquemas de protección y la contratación de personal para mantener sus operaciones en 2027

06 de noviembre de 2026

Paula Andrea Marín Lara


JEP
Colprensa
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La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, implementará un plan de austeridad tras el recorte de $181.402 millones aprobado para la entidad en el Presupuesto General de la Nación de 2027. El presidente de la jurisdicción, el magistrado Danilo Rojas, anunció tres cambios principales, dentro de los cuales se contempla el reducir un 85% los contratos de prestación de servicios, trasladar la sede institucional y ajustar los esquemas de seguridad de magistrados y de los funcionarios.

En materia de infraestructura, la JEP dejará el edificio que ocupa desde 2018, de 15.000 metros cuadrados, para trasladarse a uno de aproximadamente 4.200 metros cuadrados. Esta medida representaría un ahorro cercano a $26.000 millones y obligará a establecer la virtualidad como modalidad principal de trabajo, junto con turnos rotativos para los cerca de 1.400 funcionarios.

Los ajustes también alcanzarán los esquemas de protección. Según Rojas, 17 fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación entregarán sus medidas de seguridad y los vehículos asignados. Esta decisión supondría un ahorro aproximado de $37.000 millones. Además, el magistrado pidió al Gobierno asumir la protección de testigos, víctimas y comparecientes.

En cuanto a la contratación, la entidad no renovará al cierre de 2026 el 85% de sus contratos de prestación de servicios, con un ahorro estimado de $85.000 millones. La reducción impactará la defensa técnica de los comparecientes y el acompañamiento psicosocial a las víctimas durante las audiencias, por lo que la JEP tendrá que reorganizar su planta de personal para intentar cubrir esas funciones.

El presidente advirtió que los recortes llegan en un momento determinante para la jurisdicción, que espera avanzar en las imputaciones de los macrocasos antes del 15 de diciembre y comenzar durante 2027 la expedición de resoluciones de conclusiones y los juicios. Por ello, anunció que buscará ante el Gobierno y el Congreso alternativas para recuperar recursos y garantizar el funcionamiento de la entidad.

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