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José David Castilla miércoles, 7 de noviembre de 2018

Exmagistrado habría recibido dinero en proceso de tutela para favorecer a la empresa española

La Fiscalía abrió un nuevo capítulo en el caso de la empresa española Inassa. En esta ocasión, el protagonista es el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. Las investigaciones señalaron que el jurista habría recibido dineros para favorecer a la empresa Recaudos y Tributos S.A. (filial de Inassa en Colombia), en una sentencia de revisión de tutela, frente a un litigio contractual.

Según informó el ente acusador, las presuntas irregularidades se habrían generado en la controversia contractual que la empresa Recaudos y Tributos (RYT) sostuvo con el distrito de Santa Marta. En esa ocasión, la filial de Inassa solicitó la revisión de legalidad en el contrato para la modernización en el sistema de gestión y recaudos de la capital del Magdalena.

El problema surgió porque la alcaldía de la ciudad, en cabeza de Carlos Caicedo, emitió un acto administrativo donde terminó unilateralmente el contrato suscrito entre Santa Marta y la empresa RYT.

En su momento, Caicedo declaró que decretó la ilegalidad de ese contrato, porque el objeto del mismo “está por fuera de la ley”. Según el exmandatario, las modificaciones legales que llegaron en 2010, le impedían a los operadores privados recolectar impuestos. “Cuando intenté iniciar la terminación del contrato (...) me encontré con una larga batalla jurídica” dijo Caicedo.

La historia del caso inició cuando la firma RYT interpuso una acción de tutela contra el acto administrativo que terminaba el contrato 092 de 2002, argumentando una supuesta violación al debido proceso. Tanto en primera como en segunda instancia, los jueces no acogieron las pretensiones de RYT. Sin embargo, el proceso de tutela fue a parar a la sala de revisión de la Corte Constitucional.

Una vez en la corte, Jorge Pretelt fue el encargado de ser el ponente de la decisión final. Mediante sentencia T-082 de 12 de diciembre de 2012, la Corte revocó las sentencias que garantizaban la legalidad en la terminación del contrato.

Según el material probatorio recolectado por la Fiscalía, el soborno de Pretelt se habría pagado mediante “cargo a contratos ficticios suscritos por la sociedad Recaudos y Tributos”.

La Fiscalía también solicitó investigar a los abogados Rodrigo Escobar y Víctor Pacheco, quienes, presuntamente, son nombrados con frecuencia en las pruebas recolectadas.

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