• Carlos Jaramillo Palacio

miércoles, 20 de marzo de 2024

Para el Gobierno incurrió en falsedad en documento público, interés indebido en celebración de contratos, prevaricato y abuso de función pública

Las acciones del Gobierno por las decisiones del exsecretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien le adjudicó a Thomas Greg la licitación de los pasaportes no paran y desde allí dicen que llegarán hasta las últimas consecuencias.

En las últimas horas se conoció que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado denunció Salazar Ramírez por cuatro delitos: falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y abuso de función pública.

El oficio, de diecinueve páginas, fue presentado por la Andje ante el despacho de la fiscal general interina, Martha Janeth Mancera, y explica que el acto administrativo por el que en febrero se le otorgó la licitación de los pasaportes a Thomas Greg "puede ser constitutivo de delito".

De acuerdo con el concepto emitido por la Agencia, Salazar pudo haber incurrido en los cuatro delitos denunciados al momento de favorecer a la empresa que actualmente elabora los pasaportes en el país, debido a que adjudicó unilateralmente el contrato a Thomas Greg sin tener las facultades para ello o la autorización del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo.

"El secretario general Salazar Ramírez no solamente emitió un acto administrativo sin tener la competencia funcional para ello, puesto que no le había sido delegada por el titular de la misma (...), sino que, además, su contenido y el de los actos administrativos subsecuentes es manifiestamente contrario al derecho", dice el documento.

"Con base en ello, el secretario Salazar Ramírez, como servidor público, abusó de su cargo y realizó funciones diversas de las que legalmente le correspondían", agrega la denuncia, que añade que el propósito del exsecretario era "favorecer a un tercero proponente en un proceso de licitación pública".

Tras tomar la polémica decisión, José Antonio Salazar la defendió en su momento a capa y espada, incluso, habló de su cercanía con el suspendido Canciller Álvaro Leyva Durán. “El Canciller Leyva es un hombre muy importante para el país, él no necesita que nadie se inmole a su favor. Voy a la Procuraduría, entrego un documento para que la Contraloría lo utilice de la forma que lo estime pertinente. Él no necesita que alguien le haga favores", comentó.

"Yo me siento ganador como un colombiano, estoy completamente tranquilo y sabía que esto iba a ocurrir", contó en relación con la tormenta que desató en el país tras su decisión.

En relación con las declaraciones del Presidente Petro en las que lo acusó de amaños, Salazar sugirió que hubo una mala información. Reconoció la necesidad de seguir los procedimientos establecidos para implementar cambios, aunque entiende que el Presidente está ocupado con múltiples problemas prioritarios.

“El señor presidente tiene un entorno que lo informa y lo informaron mal. Hay que comprender que los cambios se deben hacer a través de unos mecanismos, pero como el señor Presidente vive ocupado con tanto problema, no se puede dedicar a cosas que realmente son menores”.

También aseveró que actuó conforme a la ley para evitarle al Estado un daño patrimonial.

"Con la llegada del embajador Murillo en el encargo, yo pude percibir que el propósito de él era proponerle al señor presidente la conciliación del tema, como venía siendo recomendado. Entonces, me formé desde ese momento cuando él me manifestó eso, que el problema no se iba a resolver nunca. Dije: 'el embajador Murillo vino a quedarse y yo me voy a ir y, pensé, dejándole al país, al Ministerio y al mismo Canciller una cantidad de problemas (…) Tenía que resolverlo'”, argumentó Salazar.

También aseveró que: "si esa decisión del Presidente es el resultado de hacer cumplir estrictamente la constitución y la ley me voy feliz. El Ministerio de Relaciones Exteriores queda sin ninguna clase de problema, pues los colombianos tendrán pasaporte. Es el resultado del proceso de licitación, que se desarrolló con todas las garantías y las disposiciones legales".

"Se surtió un proceso de licitación que culminó con un informe del comité de evaluación en el cual se habilitó a un proponente. Después de hacer un estudio minucioso del tema, de las normas constitucionales, encontré que no era viable mantener en vigencia la decisión del Canciller en el sentido de haber declarado desierta la licitación”, explicó Salazar.

Y agregó, cuando todavía estaba en el cargo, que esta no era una decisión arbitraria ni tampoco unilateral. “Soy el representante legal del Fondo Rotatorio, el Canciller (Murillo) me delegó las facultades de delegación del Fondo sin restricciones de ninguna clase. Entendí la instrucción del Canciller de hacer cumplir la constitución y la ley”.