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Colprensa martes, 19 de junio de 2012

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por el término de 17 y 12 años, respectivamente, a los exgobernadores del Valle Juan Carlos Abadía y Héctor Fabio Useche, por haber suscrito de manera directa un contrato por $1.000 millones con la IPS Bolaños Ltda. para la realización de unas cirugías bariátricas (de reducción de peso).

El procurador delegado para la vigilancia administrativa, Fernando Brito, señaló que se trató de una falta disciplinaria gravísima a título de dolo por parte de Useche y Abadía. A este último le impuso la sanción de 17 años, por ya tener una destitución.

Brito estimó que la Gobernación sí podía, si esa era la intención, contratar con dicha firma, pero que para esto se debían seguir unas reglas, que a la postre se incumplieron. Por ejemplo, no se argumentó de manera previa y jurídica por qué debía contratarse de manera directa, y señaló que se debían seguir los requisitos de la contratación estatal como la publicidad, transparencia, selección objetiva e imparcialidad.

De la misma manera, el funcionario cuestionó el que en los estudios técnicos, realizados por la médica Janeth Vélez se hubiera desconocido la reglamentación (decreto 926 de 2008) que señalaba que estos contratos deben hacerse a  manera de selección abreviada, por lo que si se quería hacer de forma directa debía argumentarse.

A su tiempo Brito aseveró que de acuerdo con la Corte Constitucional, solo se puede contratar de forma directa en forma excepcional. Por eso, cuestionó que la defensa de ambos exgobernadores haya argumentado que ese es un procedimiento que se hace normalmente en la Gobernación.

"Si esa es la práctica, pues lo que voy a hacer es compulsar copias para que se investigue a los demás que corresponda", señaló.

Igualmente, el procurador consideró como una falta completamente irregular que el estudio de mercado se haya entregado al entonces secretario de Salud: Useche, de forma directa.

"El estudio del doctor Bolaños, lo reconoció en esta audiencia, se lo entregó al doctor Useche, cosa que tengo que considerar totalmente irregular porque en el proceso de contratación los servidores públicos están obligados a velar las normas", dijo.

Igualmente, Brito cuestionó el estudio técnico previo que avaló la contratación por no tener soportes de por qué la firma Bolaños IPS era la más idónea, criticó que se hayan tenido como referencias datos de estudios en los Estados Unidos y que no se evidenciara un marco de referencia de precios que permitiera señalar que la opción de Bolaños era el más adecuado.

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