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Colprensa jueves, 11 de abril de 2013

La Fiscalía decidió retirar la solicitud para que se avalara el principio de oportunidad al que se llegó con Julio Gómez, contratista implicado en el carrusel de la contratación, luego de que la jueza 63 de Garantías considerara que no tiene los elementos materiales probatorios suficientes para tomar una decisión.

Según la jueza, el principio no es claro en la manera en la que se va a reparar a las víctimas involucradas y es necesario que haya un acta de compromiso en la que el investigado especifique su colaboración. Además, criticó que no hubo una consulta con las víctimas.

Por ello, la Fiscalía retiró la solicitud en la que se convocó a esta audiencia para revisar el principio y volver a presentarlo nuevamente.

¿En que consistía el principio?

Con el principio de oportunidad, se buscaba que durante 360 días cesara cualquier persecución penal en contra de Gómez por el delito de concierto para delinquir agravado, tiempo en el que la Fiscalía esperaba evacuar todas las actuaciones y finalizar con la labor investigativa.

En este periodo, el contratista deberá cumplir con su compromiso y demostrar buena conducta, además de una “cooperación activa y efectiva”. Este principio, según el ente acusador, “no contempla la libertad del procesado” debido a la gravedad de los hechos. La Fiscalía reveló la existencia de un “documento matriz en sobre cerrado y sellado” con la firma de Gómez y de su abogado, en el que se plasman una a una las acciones en las cuales colaborará, indicando nombres de los partícipes, fechas, entidades públicas, montos apropiados, lugares donde se deberían encontrar evidencias documentales e informaciones precisas que permitirán “empezar a ejecutar los actos propios de la policía judicial”. El contenido de este documento no se dio a conocer, pues dijo que si se hacía, Gómez, su familia y la investigación podrían correr riesgos.

La Fiscalía pidió que se le diera legalidad a la aplicación del principio de oportunidad, emitido el pasado 8 de abril por el fiscal General, Eduardo Montealegre.

Con esto, si es avalado, Gómez servirá como testigo en los casos relacionados con el ‘carrusel de la contratación’ y aportará documentación e información que permita conocer la manera en la que, según el ente acusador, “atentaron contra la organización pública en Bogotá”. Según el fiscal del caso, el contratista “ha manifestado su intención de colaborar con la administración de justicia en varios frentes para el esclarecimiento” de lo que sucedió en el llamado carrusel de la contratación en la capital del país. Para el ente acusador, Gómez posee “gran cantidad de información” que se comprometió a contribuir “eficazmente” en las investigaciones que se lleven y en las que se puedan derivar en un futuro. En el desarrollo de la audiencia, el fiscal del caso le solicitó a la jueza que le ordene a la Policía Nacional que disponga un esquema de vigilancia permanente para la familia de Gómez.

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