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Colprensa lunes, 15 de abril de 2019

Haber sido víctima de abuso sexual y tener que soportar las suspicacias de un funcionario judicial es una situación que aún se presenta

Haber sido víctima de abuso sexual y tener que soportar las miradas incómodas de un agente o las suspicacias de un funcionario judicial es una situación que aún hoy en día continúan viviendo muchas víctimas de violencia de género y que en muchos casos las hace preferir no denunciar.

Aunque en los últimos años se han expedido una serie de leyes que buscan castigar con mayor dureza los casos de feminicidio y mejorar las herramientas para investigar los crímenes y casos de discriminación contra mujeres y miembros de la población LGBTI, muchos jueces aún no conocen bien estas normas y cómo aplicarlas.

“Tenemos un grupo de 4.321 jueces. La perspectiva de género puede aplicarse desde el asunto más pequeño hasta el de mayor envergadura como el despojo de tierras o el feminicidio. Vamos creando en los jueces esa sensibilización de cómo se aplica esa perspectiva de género porque hay unos prejuicios culturales”, manifiesta Gloria Stella López, magistrada del Consejo de la Judicatura y presidenta de la Comisión de Género.

La magistrada reconoce que, como puede ocurrir con profesionales de cualquier tipo, hay funcionarios judiciales que por motivos culturales son tolerantes frente a ciertas conductas con argumentos como que la víctima “se lo buscó” o que una agresión física era “un problema de pareja”.

“Siendo funcionarios judiciales, están formados jurídicamente, pero aún tenemos que ir eliminando esos estereotipos que existen en algunos como los hay en general en muchas personas”, agrega.

Recuerda, por ejemplo, el caso, que se hizo público hace unos meses, de una juez que fue agredida por su pareja, que era magistrado. Pese a que ellos, como administradores de justicia, deben aplicar la ley que promueve la defensa de los derechos de la mujer, los dos pretendían ocultar lo ocurrido alegando que era un asunto privado.

La Judicatura también sancionó recientemente a un juez que de manera evidente discriminó en un fallo a una mujer por su condición.

Desde 2007, se creó la Comisión de Género de la Rama Judicial, que busca promover la equidad de género en los fallos que dicta la justicia. Esta comisión, con el apoyo de USAID, capacita a los jueces en la aplicación del enfoque de género, en todas las áreas del derecho, civil, penal, laboral, etc., y cuenta con un banco de más de 1.100 fallos que sirven de orientación a todos los funcionarios judiciales sobre cómo aplicar la equidad de género en sus decisiones.

Cada año, la Comisión entrega un reconocimiento a dos fallos (uno emitido por un juzgado y otro por un Tribunal) en los que haya habido un esfuerzo destacado por administrar justicia aplicando la equidad de género.

Los fallos reconocidos en 2018 muestran que los jueces no tienen que conformarse con aplicar la ley, sino que pueden ir más allá para proteger a las víctimas y prevenir que otros hechos de violencia de género vuelvan a presentarse.

ESCUCHAR A LAS VÍCTIMAS

La magistrada del Tribunal Superior de Pasto, Blanca Arellano Moreno, hubiera podido tomar su decisión solo con base en el expediente que tenía en sus manos, como lo hacen normalmente algunos de sus colegas, pero ella quería conocer el caso más de cerca.

La magistrada tenía que decidir si ratificaba o revocaba la condena contra un pastor de una comunidad religiosa acusado de acceso carnal de dos feligresas.

Pero, como se lo han enseñado sus 25 años de experiencia en el ejercicio de la justicia, quería constatar las cosas por sí misma. Por lo general, dice, lo que hace es trasladarse hasta el lugar donde ocurren los hechos y recibir de viva voz las denuncias.

“No solo tengo en cuenta la norma, yo me traslado hasta el sitio y trato de determinar las causas del problema”, dice.

En su opinión, saber escuchar a la víctima es fundamental. En este caso, un video grabado con la denuncia de una de ellas fue crucial para su decisión. No solo por lo que la mujer decía sino por la forma como la mujer movía sus manos, por cómo se le quebraba la voz cuando contaba su historia. Era claro que no mentía. Bastaba con escucharla para darse cuenta de que la mujer había sido agredida.

Arellano reconoce que fue una decisión que le costó un gran esfuerzo, aunque nunca imaginó que por ella recibiera un premio como el que le se le otorgó el pasado 12 de diciembre en el hotel Tequendama de Bogotá.

La magistrada asegura que los jueces aún deben hacer un esfuerzo para que sus fallos protejan mejor a las víctimas de violencia de género.

“La legislación nos permite adaptarnos con medidas de protección dependiendo el caso, pero desafortunadamente el sistema jurídico es subutilizado. Los funcionarios muchas veces no acuden a la normatividad, he visto que hay falencia en ese sentido”, dice.

TOMAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Otro de los fallos merecedores de premio impulsado por la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial fue proferido por el Juez Promiscuo de Guapí Cauca, Javier Sánchez Arboleda.

Sánchez, que toma decisiones en la jurisdicción de Guapí, Timbiquí y López de Micay, tuvo que estudiar un caso de una menor de 10 años miembro de una comunidad afrocolombiana que fue violada por un vecino.
Ojalá el que falló Sánchez fuera un caso excepcional, pero, según lo señala el mismo juez, desafortunadamente este tipo de hechos se presentan por doquier.

Lo que hizo excepcional su fallo fue que no se limitó a condenar al culpable, sino que definió y ordenó una serie de medidas de protección y de atención sicológica para la menor afectada.

Los jueces, dice, están en la obligación de aplicar la jurisprudencia que establece que sus decisiones se deben orientar a proteger los derechos de las mujeres y los niños.

“En este momento es un imperativo darle aplicación a esta figura concreta ya que materializa una filosofía del Estado de derecho donde está reconociendo las dificultades que afrontan sectores sociales y poblaciones”, señala.

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