La República
miércoles, 14 de marzo de 2018
Exaccionista mayoritaria alega intervención irregular
Como ya lo había anunciado AL el pasado 5 de marzo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) enfrentará un nuevo proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y la Haya, por una demanda que inició Astrid Benito Carrizosa, exaccionista mayoritaria del extinto Banco Granahorrar.
Aunque la Andje tiene en reserva las pretensiones económicas de Benito Carrizosa, se conoció que la exaccionista argumenta la demanda en una intervención, según ella irregular e indebida, a dicha entidad financiera en 1998 por parte del Estado a través de la Superintendencia Bancaria.
Luis Guillermo Vélez precisó en la emisora Blu Radio que se trata de un monto por varios cientos de millones de dólares. “Ese tema se ha litigado extensamente en Colombia ante tribunales contenciosos, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional y ahora se llevó a nivel internacional convocando dos arbitramentos: uno ante el Ciadi, en Washington; y el otro en La Haya”, dijo Vélez.
El funcionario agregó: “Granahorrar era una entidad financiera especializada en créditos hipotecarios y en 1998 entró en proceso de iliquidez, de cesación de pagos y puso en peligro el ahorro del público y la estabilidad del sistema financiero y en estos casos las autoridades deben tomar medidas correspondientes”.
Según la Global Arbitration Review (GAR), el promedio internacional de costo de cada caso llevado a instancias internacionales, como por ejemplo el Ciadi, puede alcanzar US$4,9 millones, lo que presenta otro gasto cercano a US$5 millones para el Estado en nombre de la controversia.
De acuerdo con Vélez, parte del costo se debe a que firmas internacionales de primer nivel como Dechert, Latham & Watkins o Sidney Austin funcionan como asesores legales del país, y en este caso no será la excepción.
Esta controversia además está sustentada en lo pactado en el TLC con Estados Unidos, así como en varios de los procesos internacionales que lleva el país, cobijados en tratados de protección de inversiones que Colombia ha suscrito con diferentes naciones. Según el director de la Andje, este proceso podría tardar entre año y medio y tres años en instancias internacionales.
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