Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co Miércoles, 10 de febrero de 2016

“Este puerto, en cierta forma, simboliza nuestro compromiso con el medio ambiente, con la competitividad, con la responsabilidad y nuestro compromiso con el desarrollo”, afirmó Santos en la ceremonia inaugural. 

Con una inversión final de US$550 millones, la infraestructura que hoy está en el ojo del huracán por las dudas que se desprenden de la capacidad instalada para la venta al exterior del producto, así como el tratamiento discrecional lo que implicaría la obstrucción del ingreso de terceros en el mercado, por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), tuvo un acto de iniciación con el contrato 001 del 31 de marzo de 2011, que se extiende por 30 años. 

Hasta 2041 está estipulada la concesión pública, si no se demuestran incumplimientos contractuales en este periodo que lleven a la caducidad del contrato.

Firmado por María Inés Agudelo, en su momento gerente general del Instituto Nacional de Concesiones (Inco),  y María Margarita Zuleta González, representante legal de Puerto Nuevo, contempla que será “responsabilidad del concesionario, manejar y administrar el puerto en una forma ordenada y responsable, para garantizar su eficiencia y máxima utilización, manteniendo condiciones de vigilancia y seguridad personal, de la carga, de las instalaciones e infraestructura portuaria”.

También, le exige al concesionario una infraestructura de cargue directo y de uso público. Tan es así que en el año de entrada en operación, el 27 de marzo de 2013 fue declarada como Zona Franca Permanente Especial, lo que le permite además obtener beneficios tributarios de alto calibre como el pago de solo 15% del impuesto de renta, así como la exención de IVA en caso de importación de productos. 

Una de las grandes sospechas que tuvo el equipo del superintendente delegado de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez, está en la capacidad de carga, que si bien en diferentes resoluciones se afirma con una capacidad inicial entre 32 millones de toneladas al año y 30 millones de toneladas, terminó siendo inaugurada con 21,4 millones, demanda exacta de su principal accionista, adicional a unos requisitos altamente inequitativos para otros interesados.

Tal y como lo asegura, Leonardo Ronderos, director de la  Federación Colombiana de Logística (Fedelog), por ser “un puerto público, Puerto Nuevo no debe impedir la entrada de terceros que cumplan con los requisitos”. Y ese es uno de los problemas que se señala en la Resolución 5832 de 2016 de la SIC, y es que el contrato y las políticas de acceso parecen haberse construido con el fin de beneficiar a los accionistas de Puerto Nuevo, es decir Prodeco, que concentra 94% de la participación y que es uno de los jugadores relevantes del mercado cabonífero, así como constituyen sus funcionarios el cuerpo administrativo del Puerto.

Para Juan Miguel Durán, exsuperintendente de Puertos y Transporte, parece claro que “se aprobó el manual de operaciones con las condiciones necesarias para que un tercero pudiera acceder al uso del Puerto y que las exigencias fueran claras y justas”. A lo que debe seguir un control por parte del delegado de Puertos para vigilar el cumplimiento. 

Sobre el trato preferente de accionistas “se encontró un conjunto de condiciones que podrían configurar como privilegios (…) en aspectos como la garantía de inmutabilidad de condiciones de acceso (mediante la figura de derechos adquiridos), el acceso a los servicios del Puerto y la cesión de las capacidades asignadas”,  reza en la resolución. “Los derechos otorgados en Puerto Nuevo a un Usuario ToP bajo un contrato ToP no pueden verse afectados de manera alguna por nuevos contratos”, aseguraba la política de acceso. 

Y en el apartado de solicitudes de Volumen Garantizado se estableció que el  “presentado por accionistas ToP para la prórroga de los contratos de usuarios ToP tendrán prelación sobre cualquier otra solicitud”, decía en el documento.

Para el equipo de Sánchez, esto establecía una prevalencia y “los nuevos usuarios únicamente podrían acceder a Puerto Nuevo si, incluso después de que los accionistas hubieran empleado sus volúmenes garantizados, estos no quisieran utilizar la capacidad adicional”.

La preferencia, indicó la entidad de control, llegó también al punto de desincentivar a los terceros por la “imposición de determinadas exigencias, la limitación de garantías otorgables por terceros, los requerimientos de información sensible” y además de que se estableció que  para la evaluación de los documentos requeridos no había un tiempo estipulado de análisis. 

En este caso que va en la apertura de pliego de cargos de la SIC, pueden verse afectadas por millonarias sanciones Prodeco, Puerto Nuevo, y 10 personas naturales.

Prodeco web
Prodeco vende sus servicios en web así: “Es propietario de toda su infraestructura operacional esencial, incluyendo la infraestructura ferroviaria, así como de la totalidad del equipo minero e instalaciones en las minas. Además, posee la totalidad de la participación accionaria en la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A., puerto de exportación con el sistema de cargue directo en el municipio de Ciénaga, Magdalena”.

Las opiniones

Juan Miguel Durán
Exsuperintendente de puertos

“La Superintendencia de Puertos aprobó el manual de operaciones de Puerto Nuevo con las condiciones necesarias para que un tercero pudiera acceder al uso del Puerto y que las exigencias fueran claras y justas”.

Leonardo Ronderos
Rirector de fedelog

“El Puerto Nuevo es público y por lo tanto debe estar abierto para cualquier empresa; es posible que la capacidad esté totalmente copada por la demanda de Prodeco, que es el gestor del proyecto”.