La Contraloría alertó riesgo fiscal por falta de ajuste a 59.000 empleados judiciales

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La Contraloría alertó que a seis semanas de que el año termine, 59.000 trabajadores judiciales no han recibido su bonificación legal propuesta en el Decreto 383 de 2013. Este aporte monetario debe estar ajustado anualmente de acuerdo con el incremento en el índice de precios al consumidor, IPC.

“Para el año 2025 el Gobierno nacional no ha expedido el decreto correspondiente, pese a que han transcurrido once meses del año; razón por la cual los servidores judiciales no han recibido sus salarios con ese incremento”, dijo la entidad.

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La Contraloría aseguró que las entidades afectadas han solicitado en varias ocasiones al Ministerio de Hacienda y al Gobierno Nacional que se organice el reajuste, para que se desarrollen las apropiaciones presupuestales correspondientes con el propósito de poder iniciar los trámites administrativos que permitan el pago que se ha acumulado en el transcurso del año.

“Para la Contraloría General de la República la falta de expedición oportuna del decreto que reajusta la bonificación judicial puede generar la constitución de pasivos contingentes y ciertos, puesto que la acumulación del derecho económico no reconocido durante varias vigencias fiscales podría materializarse en pasivos por retroactivos salariales”, sostuvo la Contraloría.

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También confirmó que un pasivo no revelado representa “un riesgo”, ejerciendo presión sobre las apropiaciones de gasto personal, pues ya expedido el decreto, la entidad tendrá que asumir los pagos y generar la necesidad de adicionar los recursos. Esto incumpliría los principios de planeación y anualidad presupuestal que se determinaron en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

La Contraloría comunicó que, “presentará una afectación del principio de sostenibilidad fiscal, dada la acumulación de obligaciones no reconocidas que pueden generar una brecha estructural entre las apropiaciones presupuestadas y las obligaciones reales de la entidad, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal y generando impactos sobre la regla fiscal del sector.”