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  • Alejandra Rico Muñoz

lunes, 26 de junio de 2023

La Contraloría dijo que al menos 30 contratos por valor de $148.855 millones se encuentran en niveles de ejecución física menores a 60%

En una auditoría realizada a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), sobre el contrato interadministrativo No. 216144 de 2016 que suscribió esta entidad con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade, hoy ENTerritorio), la Contraloría determinó hasta 25 irregularidades que tienen pérdidas por $24.140 millones.

La Contraloría aseguró que el entonces Fonade se comprometió a realizar la gerencia para la construcción e interventoría, ampliación de cupos y mantenimiento de la infraestructura carcelaria y penitenciaria de orden nacional requerida por la Uspec.

Igualmente, la elaboración del Plan Maestro de infraestructura en materia Penitenciaria y Carcelaria, de acuerdo con la información de los diseños que presentó la entidad contratante, negocio jurídico ejecutado por un valor de cerca de $384.039 millones.

El ente de control aseguró, además de los millonarios hallazgos encontrados, se constituyeron otros 34 hallazgos con presunta connotación disciplinaria y diez con otras incidencias, así como dos solicitudes de apertura de Indagación Preliminar.

La auditoría arrojó que la Uspec entregó recursos al hoy ENTerritorio valores que ascienden a 25.822 millones de pesos, por concepto de gerencia y administración. Sin embargo, se determinó que, tras los seis años de ejecución del contrato, “su efectividad ha sido mínima, trasgrediendo el principio de economía establecido en la Constitución Política, lo que ha generado que no se mitigue la crítica situación carcelaria del país, que era el objetivo en el uso de esos recursos”.

Se determinó que existen 30 contratos por valor cercano a los $148.855 millones que representan 45 % del valor total contratado, que se encuentran en niveles de ejecución física menores a 60 %, siendo el más crítico Eron Pereira.

La Contraloría evidenció que la contratación realizada para los 16 proyectos priorizados por la Sentencia T762 de 2015, a la fecha se encuentran en fases iniciales de ejecución, presentan problemas en su desarrollo, contratos sin entregar, suspendidos o sin dar al servicio por falta de dotación y obras complementarias.

Situación similar que presentan los cinco proyectos priorizados por la Dirección de Infraestructura de la USPEC, como son: Eron Bellavista, que presenta el 98 % de ejecución física, pero sin entrega definitiva por faltantes para entrada en operación; los de la Reclusión de Mujeres RM Manizales y la Ampliación Combita fueron retirados del Contrato Interadministrativo. La construcción del Eron Pereira presenta un avance del 11,57 % y retrasos en la programación.

“Durante la ejecución de la auditoría se evidencia que la Uspec no ha cumplido con la disposición y entrega de los insumos necesarios para el inicio de la ejecución de los diferentes proyectos, demostrando debilidades en la fase de planeación. Esta situación generó continuas modificaciones, adiciones, suspensiones, prórrogas y demoras en los diferentes proyectos y contratos derivados del Contrato Interadministrativo”, expresó el ente de control.

La auditoría evidenció debilidades en materia presupuestal y contable. ENTerritorio no ha entregado soportes de los gastos de operación y la supervisión por parte de la Uspec no tramita lo pertinente ante la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad.

En cuanto al Proyecto del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria, ENTerritorio no ha entregado el Plan Maestro, la Contraloría aseguró que suministró 80 diagnósticos de los 133 establecimientos existentes. Dijeron que no hay claridad frente a la formulación definitiva del Plan Maestro, situación que generó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por valor de $4.704 millones.

Se evidenciaron hallazgos con presunta connotación fiscal por valor de $8.266 millones generados por obras inconclusas, sin entregar o incompletas en el componente de construcción de proyectos de ampliación de cupos y mejoramiento o construcción de la infraestructura física que definía el Contrato Interadministrativo.

Se encuentraron obras como la construcción de los ranchos en Epamscas Palmira y Epmsc Cartagena, que una vez ejecutadas y finalizadas por parte del contratista y recibidas por parte de Uspec e Inpec hace más de dos años, están sin uso por deficiencias en la planeación para el suministro e instalación de dotación de equipos para cocción de alimentos.

Hay también obras prioritarias para la seguridad y óptima operación de los establecimientos que no han sido finalizadas, entregadas a satisfacción o priorizadas, como los son: la construcción de garitas del Epmsc Bucaramanga, acciones postventa en el edificio administrativo del Epmsc de San Vicente de Chucurí, red de distribución de agua potable en la Estructura 1 del Cojam Jamundí, mantenimiento general en Cocuc Cúcuta y mejoramiento del pabellón 9 del Epamcas Valledupar.

Igualmente, existen deficiencias en el componente de mantenimiento a la infraestructura física de los establecimientos, debido a que las intervenciones realizadas se han deteriorado por falta de aplicación y ejecución del manual preventivo, encontrándose deficiencias en la ejecución, por $3.561 millones.

Entre los hallazgos se encontraron vertimientos a cuerpos de agua sin parámetros de calidad de agua mínimos y sin los correspondientes permisos o autorizaciones emitidos por autoridades ambientales competentes, como se presenta en EPC La Esperanza de Guaduas, Epmsc Acacias y CAMIS Colonia Agrícola Acacias.

Finalmente, se determinó que la Uspec solicitó a Fonade retirar doce proyectos en las cárceles del país, los cuales generó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $6.053 millones, dado que hubo cancelación de proyectos, independientemente de la causa que ocasionó el retiro de estos, la totalidad de los recursos por concepto de gerencia y operación debieron ser devueltos, situación que no se dio.

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