La decisión del Fiscal tiene que ver con que, en 2012, su despacho de abogados dio un concepto jurídico favorable sobre la viabilidad de ese contrato.
De acuerdo con las investigaciones que se han adelantado hasta el momento, las exministras habrían influido en la adición de $800.000 millones para esta carretera, que no estaba planteada en el diseño original del proyecto.
Según la Corte, la investigación la debe asumir la vicefiscal María Paulina Riveros.
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