Consejo afirmó que Petro no puede transmitir consejos de ministros por TV privada

A pesar de que el Consejo de Estado dijo que Gustavo Petro no está obligado a mantener en reserva las sesiones del consejo de ministros, dejó en firme las decisiones de la no transmisión de estas reuniones en los medios públicos. Esto hasta que la decisión de fondo no sea modificada o revocada por la segunda instancia.

El Consejo de Estado decidió rechazar las solicitudes de nulidad que fueron presentadas por la Presidencia de la República y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, en el marco de una acción de tutela impulsada por María Cristina Cuéllar Cárdenas. La demandante argumentó que se estaba vulnerando su derecho a la información, ya que las transmisiones de los consejos de ministros se llevaban a cabo únicamente a través de canales privados de televisión.

El tribunal determinó que no hubo irregularidades en el proceso de notificación al Presidente de la República, ya que la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, se encarga de su representación legal y fue debidamente notificada. Se concluyó que los intereses del mandatario estaban bien representados durante el proceso y que su defensa se realizó de manera oportuna.

En lo que respecta a la CRC, su solicitud de nulidad también fue desestimada. Aunque no fue formalmente vinculada en el auto admisorio, el Consejo de Estado aclaró que esta entidad estaba al tanto de la acción, participó en el proceso como amicus curiae y sus argumentos fueron tomados en cuenta en la sentencia del 11 de abril de 2025. El tribunal aseguró que se garantizó su derecho al debido proceso.

La acción de tutela había sido resuelta inicialmente a favor de Cuéllar Cárdenas, y la sentencia ordenó al Presidente de la República, al Dapre y a la CRC que se abstuvieran de transmitir los consejos de ministros a través de canales privados, así como en el Canal Uno y en medios regionales, locales y comunitarios de televisión abierta.

Tanto la Presidencia de la República como la CRC apelaron la decisión. El Consejo de Estado aceptó estas apelaciones y ordenó que se trasladaran al despacho correspondiente. Otras apelaciones y solicitudes presentadas por ciudadanos y organizaciones fueron rechazadas por falta de legitimación o porque no actuaron como partes interesadas en el proceso.