La Corte condenó a 93 meses de prisión al gobernador de Vichada por corrupción

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Hecson Alexys Benito Castro, gobernador de Vichada, por el delito de peculado por apropiación, y ordenó su captura. La condena está relacionada con un contrato suscrito en 2012, cuando Benito Castro era alcalde de Santa Rosalía, para mejorar un puente que nunca fue construido, a pesar de que se pagaron $13,71 millones al contratista.

En la misma decisión, la Corte también confirmó la condena de José Aureliano Rodríguez Catimay, entonces secretario de Planeación y supervisor del contrato, y de Wilfredo Castillo Tovar, contratista de la obra. Benito Castro y Rodríguez Catimay recibieron una condena de 93 meses de prisión, una multa del valor total del contrato y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo tiempo. Castillo Tovar fue condenado a 48 meses de prisión, junto con una multa e inhabilitación similares.

A ninguno de los condenados se le otorgó la prisión domiciliaria ni la suspensión condicional de la ejecución de la pena, “Para la Sala no existe duda de que, si bien medió un contrato estatal para la obra tantas veces mencionada, el puente no fue construido por el contratista Wilfredo Castillo Tovar. Él recibió $13,71 millones provenientes del erario, por disposición de servidores públicos. José Aureliano Rodríguez Catimay certificó el cumplimiento de una obra que no supervisó, de la que no existieron soportes de ejecución y basado única y exclusivamente en que el puente estaba ahí. Por último, Hecson Alexys Benito Castro, a sabiendas de que el puente fue hecho por terceros y no por el contratista, suscribió el acta de terminación y dispuso de los recursos que finalmente fueron cancelados, generando un detrimento patrimonial injustificado”, dice el comunicado.

La Corte concluyó que Benito Castro, Rodríguez Catimay y Castillo Tovar actuaron de manera conjunta para ejecutar el detrimento patrimonial del municipio. Benito Castro suscribió el contrato a sabiendas de que el puente no sería construido por el contratista. Rodríguez Catimay certificó el cumplimiento del contrato sin supervisar la obra, y Castillo Tovar aceptó el pago por un trabajo que no realizó.