jueves, 27 de enero de 2022
El resultado se dio con una votación de los magistrados en las que cinco estuvieron a favor de la declaración y cuatro en contra
El jueves 27 de enero, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional (ECI) en el componente de seguridad de los excombatientes de las Farc. Esto significa que se está presentando una violación constante y masiva de derechos fundamentales de esta población.
De esta forma, se dio respaldo a la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, acerca de las irregularidades que han enfrentado 13.000 excombatientes al reincorporarse a la vida civil. La votación de los magistrados quedó cinco contra cuatro. Cristina Pardo, Alejandro Linares, Diana Fajardo, José Reyes y Antonio Lizarazo estuvieron a favor, y Gloria Ortiz, Paola Meneses, Alberto Rojas y Jorge Ibáñez votaron en contra.
La magistrada Pardo aseguró que “la Corte Constitucional consideró que, en efecto, sus derechos fundamentales (de los excombatientes), fueron desconocidas por la Unidad de Protección”, y la magistrada Ortega mostró que los firmantes del acuerdo han sido víctimas de riesgos y amenazas contra su vida, además, de la supuesta falta de compromiso por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Con la declaración se determinó la creación en dos meses de una Sala Especial de Seguimiento en la Corte Constitucional para verificar que se materialicen las garantías de seguridad de los excombatientes. "En tres meses, el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarán las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento de dicha Sala", dijo la magistrada Pardo.
Esto se hará con ordenes concretas por parte de la Corte a varias entidades estatales, y el Gobierno tendrá cuatro meses para revaluar el riesgo que tienen las personas en reincorporación y los integrantes del partido Comunes.
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tendrán que adoptar un mecanismo especial de vigilancia del fallo, y el Gobierno tendrá que iniciar los trámites para que haya suficiente presupuesto para que los firmantes con liderazgo político tenga la protección para ejercer esta actividad.
Sobre el fallo, el consejero para la estabilización y Consolidación, Emilio José Archila, dijo que este proceso de paz “es el que, por lejos, es el que menos muertes ha tenido de los que se ha firmado en Colombia... Cualquiera de las recomendaciones que se hagan que implique la mejoría en las situaciones de seguridad, bienvenidas. El objetivo del Gobierno es que haya cero muertes”.
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