Posse Herrera Ruiz reunió expertos para debatir sobre consulta previa
También se señalaron las diferencias en la capacidad técnica de las autoridades ambientales regionales para evaluar proyectos de distintas escalas
17 de noviembre de 2026
Fedesarrollo y la firma Posse Herrera Ruiz organizaron un diálogo para analizar los desafíos que representan la consulta previa y el licenciamiento ambiental para la seguridad jurídica, la competitividad y la inversión en Colombia. El encuentro, denominado ‘Consulta previa, licencias ambientales y seguridad jurídica’, se realizó el pasado 26 de octubre y reunió a líderes empresariales, funcionarios y expertos jurídicos, quienes discutieron alternativas para mejorar la coordinación institucional y reducir los tiempos de los trámites sin debilitar la protección del medioambiente y los derechos de las comunidades.
Durante la jornada se abordaron las dificultades que generan la incertidumbre regulatoria y los retrasos en estos procedimientos para la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo energético. Entre los datos expuestos se destacó que Colombia ocupa el puesto 92 entre 140 países en materia logística y que los trámites adicionales pueden prolongar hasta 800 días los procesos de licenciamiento ambiental.
También se señalaron las diferencias en la capacidad técnica de las autoridades ambientales regionales para evaluar proyectos de distintas escalas.
Uno de los puntos del debate fue el propósito de la consulta previa y las dificultades que surgen cuando se desvirtúa su aplicación.
Erika Serrano Rojas, socia del área ambiental de Posse Herrera Ruiz, llamó la atención sobre el fenómeno de la ‘etnización’, mediante el cual juntas de acción comunal o comunidades sin características étnicas tradicionales buscan constituirse legalmente como tales para acceder a mecanismos de protección y beneficios estatales. “La consulta previa es, sin duda, una institución legítima; el problema radica en para qué se usa y con qué propósito”, afirmó.
Por su parte, Alejandro Burgos Espinosa, director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, reconoció que existen casos de abuso y desnaturalización de este derecho fundamental. Como respuesta, anunció medidas orientadas a modernizar la entidad, mejorar el registro de las autoridades y comunidades y establecer reglas más claras para la gestión de los procedimientos.
El diálogo también evaluó las consecuencias de estos problemas para los sectores de infraestructura y energía.
Antecedentes
Como parte de las propuestas para avanzar durante los próximos 12 meses, los participantes plantearon crear un tablero de control público con indicadores sobre los tiempos de respuesta y la gestión de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. También propusieron garantizar el cumplimiento del plazo legal de 30 días hábiles para determinar la procedencia de las consultas previas.
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