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Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co martes, 24 de noviembre de 2020

De esas, 53 fueron remitidas a otros despachos judiciales porque no aplicaban a este proceso y 84 fueron ingresadas a los despachos judiciales

Luego de que el pasado 20 de noviembre se venciera el plazo que había establecido la Corte Suprema de Justicia para recibir peticiones de aforados constitucionales para revisar sus condenas de única y primera instancia dictadas entre 2014 y 2018, el Alto Tribunal reveló que recibió 137 solicitudes.

De esas, 53 fueron remitidas a otros despachos judiciales porque no aplicaban a este proceso. En cambio, 84 fueron ingresadas a los despachos judiciales y serán tramitadas. Esto, cabe recordar, en cumplimiento del fallo del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien fue condenado a 17 años de cárcel en única instancia por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) y fue favorecido en una decisión judicial que permitirá la revisión de su caso.

En su momento, el Alto Tribunal reseñó que “es procedente la impugnación, a la par, contra las primeras condenas expedidas entre las mismas fechas, en segunda instancia y en casación, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y contra las primeras condenas dictadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito y el Tribunal Superior Militar en los casos expresamente previstos en las motivaciones [del pronunciamiento], respecto de las cuales la persona condenada no haya contado con la oportunidad de ejercer el derecho a la doble conformidad judicial”.

Entre la lista de aforados que solicitaron la revisión de sus procesos se encuentran nombres como el Álvaro ‘el Gordo’ García Romero, condenado por la masacre de Macayepo. Además, tres exfuncionarios que fueron condenados por la denominada ‘Yidispolítica’, donde compraron votos en el Congreso para aprobar la reelección: los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega y el exsecretario de presidencia Alberto Velásquez.

Aparece también en el listado de solicitudes la presentada por el exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por el magnicidio del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán.

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