Colprensa
miércoles, 27 de marzo de 2024
Carlos Camargo Assís pidió que se determinen las responsabilidades en el fallecimiento de los niños indígenas en el Cesar
En la mañana de ayer, la Defensoría del Pueblo solicitó una investigación por el fallecimiento de cinco menores del pueblo Yukpa, ocurrida en el resguardo Iroka, en zona rural de Agustín Codazzi, departamento del Cesar.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, pidió que sean determinadas responsabilidades al suceso, que habría sido producto de un envenenamiento por la ingesta de un fruto silvestre en el resguardo Iroka. La celeridad en las investigaciones, dijo el Defensor, serán determinantes para que los derechos a la justicia, vida, integridad cultural, permanencia y pervivencia cultural de esa comunidad en luto sean garantizados.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de cinco niños indígenas, cuya causa de su deceso habría sido por el consumo una fruta silvestre envenenada. No obstante, requerimos el concurso de las autoridades para que determinen con precisión lo ocurrido”, dijo Carlos Camargo Assís.
Para el Defensor, es determinante la actuación de la Fiscalía General de la Nación, “por lo que requerimos su pronta actuación, máxime que se trataría de integrantes de una misma familia; establecer con celeridad las circunstancias de lo sucedido es clave para garantizar los derechos a la justicia, la vida, la integridad cultural, la permanencia y pervivencia cultural del pueblo indígena, en este caso, del pueblo Yukpa”.
Los hechos reportados en el resguardo tienen un impacto individual con efectos colectivos, teniendo en cuenta que para los yukpas las niñas, los niños y adolescentes cumplen un rol importante en la reproducción de la cultura; por lo tanto, circunstancias como las que ahora mismo afrontan, afectan su equilibrio y armonía.
“Cabe resaltar que el pueblo indígena Yukpa, ubicado en la Serranía del Perijá, es uno de los últimos pueblos nómadas, seminómadas y agricultores itinerantes, como también, ha sido declarado en riesgo de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional mediante el Auto 004 de 2009. Por lo cual es imperativo velar por su protección y la garantía de sus derechos”, aseguró Camargo Assís.
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