martes, 17 de noviembre de 2015
Aunque hay versiones de que el problema se resolverá en un Tribunal de Arbitramento, ninguna de las dos empresas se ha querido referir al tema.
Daniel Medina, exministro de las TIC, consideró que, por los intereses que hay en juego, es casi inevitable que el tema llegue a un Tribunal de Arbitramento. “Tiene que haber claridad si va a haber una reversión de activos o un pago de dinero por parte de los operadores”, señaló.
Lo que realmente está en disputa es la solución de una pelea que empezó luego de que el Alto Tribunal decidiera que ambas empresas estaban en la obligación de devolver la infraestructura y el espacio electromagnético usado para el despliegue de redes en el país antes de 1998.
Este desarrollo, según explicó en su momento el Ministerio de las TIC, permitió la implementación de los servicios de telefonía móvil celular 2G. “El espectro otorgado en 1994, es solo una parte del que usan estos operadores para la prestación de sus servicios actuales (25 de un total de 85Mhz)”, precisó la entidad en su momento.
Según lo consignado en la sentencia, en el contrato que se firmó entre ambas compañías y el Estado se especificó la denominada cláusula de Reversión y con esta, se estableció que cuando finalizara el término de la concesión (20 años después) “los elementos y bienes directamente afectados pasan a ser propiedad de la Nación, sin que por ello, este deba efectuar compensación alguna”.
Ambas compañías aseguraron que la firma de los contratos se contradecía con las leyes 422 y 1341, emitidas en 1998, donde se estableció que solo se debía devolver las frecuencias radioeléctricas.
Aunque la Corte no les dio la razón, en la misma sentencia, según interpretó el MinTic, se estableció que esta entidad se encargaría de determinar los activos a revertir y planteó la posibilidad de que la compensación fuera de tipo económico.
Las empresas, por medio de un comunicado de prensa tras conocer el fallo, resaltaron que “la Corte Constitucional abre la puerta para que los operadores puedan realizar la reversión de los activos vía una compensación económica”.
Medina explicó que, según los cálculos del sector, esta cifra podía estar entre $8 billones y $10 billones. Este fue uno de los temas más complejos que heredó el actual ministro David Luna de su predecesor Diego Molano, este último le pidió a la Procuraduría y a la Contraloría que mediaran en el caso, para luego presentarlo al Tribunal de Cundinamarca. Sin embargo, hasta el momento las partes no han encontrado una solución.
Para Alberto Yohai, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, esta situación “crea unas preocupaciones muy grandes en cuanto a la seguridad jurídica y a la inversión nacional. Representa un claro cambio de reglas de juego”.
Al cierre de esta edición, ninguna de las tres entidades involucradas le contestaron a Asuntos Legales las preguntas.
Antecedentes
Para tomar su determinación, la Corte Constitucional tomó en cuenta que no se podía desconocer la protección al patrimonio público. Además, aseguró que en caso de fallar en contra se podría facilitar una posición dominante en el mercado, “poniendo en riesgo el acceso en igualdad de condiciones con otros potenciales oferentes”. El Alto Tribunal añadió que se dejaría en las manos del operador dominante “las condiciones para asegurar la continuidad en un servicio que resulta de vital importancia en la sociedad”.
Las opiniones
Samuel Alberto Yohai
Presidente de la Ccit
“Crea unas preocupaciones muy grandes en cuanto a la seguridad jurídica y a la inversión nacional y extranjera. Representa un claro cambio de reglas de juego para el mercado”.
Daniel Medina
Exministro de las TIC
“Lo más probable es que se vaya a un Tribunal de Arbitramento, en donde tiene que haber claridad si va a haber una reversión de activos o un pago de dinero”.
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