Colprensa
viernes, 29 de septiembre de 2023
En su momento decidió no aceptar los cargos narrados por la Fiscalía, que la investiga porque en octubre de 2019 escapó de centro médico
La audiencia en la que Aida Merlano será juzgada se aplazó para el jueves 16 de noviembre de 2023. Tras una solicitud del abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Aida Merlano Rebolledo, el juez tercero penal del circuito suspendió la audiencia programada para el 29 de septiembre, en la que la Fiscalía iba a acusar formalmente a la excongresista por el delito de fuga de presos.
Merlano había sido imputada en abril de este año, cuando recién había llegado a Colombia desde Venezuela. En su momento decidió no aceptar los cargos narrados por la Fiscalía, que la investiga porque en octubre de 2019 escapó de un centro médico al que la habían trasladado, desde la cárcel El Buen Pastor, por una cita odontológica.
La exrepresentante, que en sus declaraciones en medios y la justicia ha señalado a las familias Char y Gerlein del caribe colombiano, se lanzó desde un segundo piso del centro médico usando una soga roja. Luego, cayó en el andén de una calle principal, se subió en el puesto de pasajera de una motocicleta y huyó hasta Venezuela.
La Fiscalía investigó el suceso, llegando hasta la condena de la hija de Merlano, Aida Victoria, quien utilizó a su hermano de 17 años para llevar hasta el lugar los elementos con los que Merlano huyó. La joven Merlano apeló la decisión en su contra hace un año y el Tribunal Superior de Bogotá no se ha pronunciado.
El excapitán David Álvarez, del Inpec, también fue condenado por los mismos hechos y se encuentra pagando quince años de prisión. Además, Juhass Pineda y su hermana Jelissa Pineda, aceptaron cargos dentro del mismo caso: él, por conducir la motocicleta en la que Aida Merlano escapó, y ella, por supervisar su descenso desde el edificio.
La exrepresentante Aida Merlano se encuentra en el Batallón de Ingenieros de Combate Vergara y Velasco, en Malambo (Atlántico), pagando dos condenas por delitos electorales. Una, por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y otra por superar topes de financiación de su campaña.
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